Fernando Mollinedo C.
Con toda la desfachatez rayana en el cinismo, los funcionarios y empleados públicos de todos los niveles en la administración del Estado cometen actos contrarios a la ley y no pasa nada; hasta hay quienes presumen públicamente la forma en que se hurtan los caudales públicos y la “justicia” no es capaz de quitárselos o meterlos a la cárcel y esa actitud contemplativa nos ha llevado a incrementar nuestras desgracias.
Las conductas oprobiosas que denigran el servicio público y descomponen la armonía social ya resultan habituales, esto implica que Guatemala tiene como funcionarios y empleados a personas podridas. Los robos se agravan cada vez más y más, no existe un solo día calendario en que no se devele un escándalo promovido, liderado, patrocinado, causado u originado por los funcionarios públicos, políticos, empresarios o miembros relevantes de los distintos estratos económicos en todas las latitudes del país.
La podredumbre social de nuestro país se corrobora cuando las fuerzas políticas apañan o justifican las conductas delictivas de sus miembros, lo que no es excepcional pues los medios de comunicación confirman dichos actos anómalos que ponen al descubierto la ignominiosa realidad: huevearle al Estado que es lo mismo que dejar a la población sin el derecho a tener una vida digna o por lo menos con paliativos a sus necesidades.
Lo que demostraron y demuestran los gobernantes, debido a su original pobreza económica y a pesar de haber sido prevenidos de lo que ocurre, es que no entendieron ni quieren entender que la responsabilidad de los ladrones del dinero del pueblo también le serán imputadas a ellos por su poca visión para defender los intereses de la población, pues hasta ahora el saqueo sigue imperturbable, indiscriminado, brutalmente enorme e impune.
José Rufino Barrios (su primer nombre fue José), Carlos Herrera, Jorge Ubico, Miguel Idígoras Fuentes, Julio César Méndez Montenegro, Carlos Arana y otros más como Jorge Serrano Elías, Álvaro Arzú, Álvaro Colom, Alfonso Portillo, Vinicio Cerezo, Óscar Berger, Romeo Lucas, José Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, ministros, vice ministros, Directores y Secretarios Generales poseen, por así decirlo, la referencia de los saqueos al erario público.
La clase política en Guatemala está más que podrida, salvo raras excepciones, pues se iniciaron sobre la base de la mentira y sin principios éticos y morales al robar el dinero de los guatemaltecos y apropiarse de forma impune de los bienes públicos porque no hay leyes para sancionarlos ni voluntad para crearlas, pues se volvieron prevaricadores, ladrones y cómplices. Como ejemplo cito Guatel, Inde, Fegua, Banco Nacional Agrario, Indeca e Infop, Empresa Eléctrica de Guatemala, Banco de los Trabajadores, TCQ, hueveos en el ejército, Igss, municipalidades y muchas instituciones más.
El actual presidente Jimmy Morales Cabrera tendría suficiente tiempo para lamentarlo porque es un hombre joven; lo anterior, no significa que haya participado en el saqueo, lo permita o lo haya permitido con lo cual podría convertirse en cómplice.
