Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Tal y como era de esperar, en el Congreso se entrampó el proceso de la reforma constitucional en busca de los necesarios cambios al sector justicia, lo cual constituye un serio revés para el país. Algunos piensan que es una derrota a la Comisión Internacional contra la Impunidad, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos porque esas entidades coordinaron las mesas de trabajo en las que se discutió el tema, pero la verdad es que Guatemala pierde mucho porque si algo está más que demostrado es que nuestro sistema judicial se ha visto menoscabado por la intromisión de los grupos de poder paralelo a través de las comisiones de postulación que han manoseado todos los procesos para designar magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia.
En el fondo, y viendo cómo desde el principio despedazaron la propuesta, empezando por rechazar la iniciativa que pretendía suprimir el antejuicio como un parapeto de impunidad para los funcionarios, puede ser bueno que no se haya aprobado una reforma constitucional que el Congreso estaba manoseando para reducirla a un remedo de lo que se buscaba. Es mejor no tener reforma que tener una tan mala como la que se veía ya venir.
La tarea seguirá pendiente porque Guatemala no puede continuar con vicios tan profundos en el proceso de selección de sus juzgadores. Es indispensable que se revise la forma de conformar nuestras Cortes, pero está demostrado que de este Congreso, por su espuria conformación, no se puede esperar un cambio que valga la pena. Ni en el tema de justicia ni en el que tiene que ver con la reforma política del Estado. De hecho, todo lo que produzcan los actuales diputados tendrá que verse siempre con la certeza de que hay gato encerrado porque no se trata de una Asamblea Legislativa que represente a los guatemaltecos y que se ocupe del bien común.
El Congreso se ha encargado de probar, fuera de cualquier asomo de duda, la imposibilidad de avanzar en reformas que tengan que pasar por el proceso de aprobación y sanción de una ley. Colocan al país en una especie de callejón sin salida, aunque todos sabemos que en política no existen tales callejones porque, aunque tome tiempo, se cumple aquello de que no hay mal que dure cien años ni pueblo que los aguante. El manoseo de la reforma constitucional, que contó con el beneplácito de muchos sectores que no ocultaron su interés evidente por mantener un sistema que permite jugarle tantas vueltas a la ley, corrobora la profunda crisis del modelo político nacional y la imposibilidad de avanzar hacia un auténtico Estado de derecho.
Por cierto, quienes más cacarean lo de la certeza jurídica fueron los más abiertos opositores a la reforma porque no dicen que la certeza que buscan y promueven es la que consagra como válidos los derechos adquiridos a cambio de sobornos y mordidas como requisito más importante en cualquier trámite que se haga ante la autoridad pública.
Está visto, pues, que la reforma del Estado sigue siendo asignatura pendiente.
