Raul Molina
La semana pasada escribí sobre dos opciones: el cambio de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin el cual no existirá fuerza política capaz de electoralmente desplazar a la derecha; o la redacción de una nueva Constitución por una Asamblea Nacional Constituyente incluyente. Admito que estamos en medio de un laberinto, no por casualidad sino que por diseño del triángulo contrainsurgente en 1985, es decir, Washington, fuerzas armadas y CACIF.
El Congreso resulta ser el nudo a deshacer. La sociedad civil podría elaborar la más perfecta y democrática Ley Electoral y de Partidos Políticos; pero quien tiene el mandato de aprobarla es el Poder Legislativo y, como ya se ha visto con las propuestas de reformas constitucionales en discusión, las y los diputados hacen y deshacen a su antojo o, más bien, al antojo de los poderosos. Algunos sectores se ilusionan con la posibilidad de que la Embajada obligue a las y los legisladores, gracias a las múltiples colas machucadas, a aprobar una ley electoral más progresista; pero hasta ahora ni siquiera las tibias reformas al sector justicia han prosperado. De manera que la reforma a la ley electoral, de aprobarse, resultaría siendo otro “monstruo jurídico”, que garantizaría que el régimen electoral siguiera siendo el mismo. Y, si por casualidad la ley abriera espacios democráticos, por ejemplo, permitiendo que las y los guatemaltecos en el extranjero eligiéramos a nuestros propios representantes y que existieran cuotas en el Congreso para pueblos indígenas, mujeres y juventud, todavía faltaría superar el candado de la Corte de (In) Constitucionalidad. Por estas mismas razones, la Constitución debe modificarse; pero no por medio de la combinación de acción legislativa y referendo.
La única manera de derrotar al régimen político vigente es apelando a la soberanía del pueblo. Por encima de leyes e instituciones está la decisión ciudadana, para lo cual hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Incluyente (ANCI), es decir, que verdaderamente represente a los cuatro pueblos de Guatemala y a todas y todos las y los ciudadanos, sin discriminación alguna. No sería una copia de la ANC que formuló la Constitución de 1985, porque las condiciones treinta y dos años después son distintas. Teniendo en cuenta que el sistema de partidos políticos está en crisis, las candidaturas de constituyentes deben venir directamente de las y los ciudadanos y la fórmula debiese ser la de la distribución geográfica de la población. Para ser incluyente, no obstante, un cierto número de constituyentes deben provenir de sectores significativos, usualmente marginados, como los pueblos indígenas, las mujeres, la juventud y las y los ciudadanos en el extranjero.
¿Cómo se convoca esta ANCI y salimos del laberinto? Seguramente no lo hará el Poder Ejecutivo, ni tampoco el Congreso por propia iniciativa. Corresponde a las y los ciudadanos pedir al Congreso la convocatoria con el respaldo de cinco mil firmas de personas empadronadas en el Registro de Ciudadanos y, según el artículo 277 de la Constitución, “el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”.
