Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Como señalé en una columna anterior, siendo juez tuve que enfrentarme directamente con la corrupción. Además de identificar cómo trabajadores actuaban al margen de la ley, también tuve oportunidad de detectar abogados dedicados a utilizar el sistema de justicia para fines ilícitos.
Una práctica común era señalar una dirección para notificar al demandado en un lugar previamente acordado con el demandante, para que allí recibieran la notificación. Al no responder la parte demandada, se dictaba la rebeldía y el caso continuaba sin conocimiento de la parte demandada, lo que a todas luces vulneraba sus derechos.
Otro asunto más complejo fue reconocer a un grupo de abogansters dedicados a la falsificación de documentos para simular deudas a través de la creación de títulos ejecutivos. Generalmente aprovechaban la ausencia en el país o el fallecimiento de un individuo para crear un falso contrato de reconocimiento de deuda o falsificar un título ejecutivo. Posteriormente presentaban al tribunal la demanda; con los documentos “legales” en mano, acompañados de un acta notarial de saldo deudor y la solicitud de embargo de los bienes del supuesto deudor. En algunos casos la deuda aparentaba estar garantizada con una propiedad inmueble. Al analizar los documentos todos llenaban los requisitos de forma y para el funcionario era difícil, si no imposible, determinar a priori la ilegalidad de los mismos.
Sin embargo, al ser notificados los ejecutados (demandados) y después de que se ordenara el embargo de bienes inmuebles o la intervención de las empresas, estos se defendían argumentando que los títulos ejecutivos eran falsos. Interponían la nulidad de los documentos, y durante el proceso probaban la falsedad de las firmas, o la imposibilidad de haber estado en el país cuando se llevó a cabo el contrato. Algunas veces incluso la inexistencia del contador que autorizaba los libros de contabilidad, que servían para levantar las actas de saldo deudor.
En uno de los casos tuve frente a mí, a la viuda de un empresario, quien con mucho esfuerzo y trabajo había logrado establecer un negocio exitoso, relatándome como de manera intimidatoria, un grupo de hombres armados con armas de grueso calibre, se presentaron a su negocio con la orden judicial de intervención de la empresa. En otro caso similar, el interventor nombrado judicialmente, procedió a despedir a todo el personal de una empresa y tomar control de todo el negocio en menos de una semana. También ocurrió que un individuo, residente por muchos años en el extranjero, al regresar para vender su propiedad se percató que la misma ya estaba embargada y a punto de ser rematada en pública subasta.
Después de analizar varios casos similares, se logró establecer el modus operandi de una red de abogados dedicados abiertamente a la apropiación ilegal de bienes. Como consecuencia de haber certificado lo conducente al Ministerio Público, para que realizara la investigación correspondiente, nuevamente me amenazaron e intimidaron. Un día se presentaron al Juzgado varios hombres fuertemente armados, esperando a que yo llegara. Al ser alertada por el personal de seguridad me dirigí a la Corte Suprema y con el apoyo de los magistrados resguardé mi integridad física, mientras se realizaba una investigación profunda. Posteriormente se detectó que en otros juzgados, del interior del país, esta también era una práctica habitual. Estos son ejemplos, sencillos, de cómo las redes de corrupción operan en Guatemala, las cuales se tienen que neutralizar, si queremos fortalecer el sistema de justicia.
