Francisco Cáceres Barrios
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Desde que la crisis del transporte colectivo se fue agudizando por falta de vehículos seguros y confortables, como de autoridades incapaces que no tomaron buenas soluciones a tiempo, el actual sistema lleva años de ser obsoleto con los consecuentes daños y perjuicios para la población del país, lo que favoreció el notorio incremento de motocicletas en nuestras vías de comunicación. No tenían otra opción, pues por la falta de empleos y oportunidades hubiera sido un contrasentido perder el trabajo por inasistencia o llegadas tarde a causa de los mal llamados “empresarios” del transporte que, a pesar de estar percibiendo millonarias sumas de dinero en concepto de subsidio, su servicio ha sido catalogado entre los peores del mundo.
La motocicleta es de por sí peligrosa, sin embargo, si se cumplen al pie de la letra las normas de seguridad para su conducción y utilización, así como las leyes de tránsito, los riesgos pueden reducirse a la mínima expresión. Pero cuando nos enteramos que seis de cada diez motoristas no tienen licencia para conducir; cuando vemos que un vehículo diseñado para llevar no más de un pasajero lleva cuatro; que en vez de utilizar las calles para circular o estacionar, utilizan las aceras y encima de ello, ni para resguardar su propia vida utilizan los cascos para proteger su cabeza los conductores ¿qué otra cosa podemos esperar si no una inmensa cantidad de accidentes con la cauda de innumerables daños y perjuicios?
No hay que estigmatizar a los motoristas. Son conductores de un vehículo automotor que no se diferencian en nada de los demás que lo hacen con otro tipo de vehículos. Pero a todos, sin excepción alguna, hay que capacitarlos, educarlos, formarlos de tal manera que adquieran buenos hábitos, para que no se expongan innecesariamente y sobre todo para que cumplan con la ley. Después podrán venir las sanciones y los decomisos pero, si el Estado no vela por ellos para exigirles desde su inicio el cumplimiento de la ley que los regula, nada se les podrá pedir entonces. Y lo mismo debiera ocurrir con los demás conductores, no solo porque también representan peligrosidad para la sociedad en que viven si lo hacen fuera de la ley, sino porque el Estado precisamente para eso se organiza para proteger a la persona y a la familia, como bien supremo en la realización del bien común.
No se trata de un pequeño grupo de vehículos. Hablamos de la difícil situación que provoca la anarquía de más de un millón 200 mil motocicletas circulando por todo el país. Todo ello ha venido a complicar, desorganizar y entorpecer el libre flujo vehicular que tanto requerimos.
