Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En la entrevista con el Presidente que publicamos ayer se puede notar que al mandatario le ha hecho mella la tesis del sector empresarial de que la Superintendencia de Administración Tributaria “se excede” a la hora de recurrir a los tribunales del ramo penal para cobrar los impuestos, diciendo que simplemente se debiera proceder a un proceso de cobro por otras vías a efecto de no meter presos a los contribuyentes.
Eso demuestra un serio problema para entender la legalidad en el país, puesto que si bien hay situaciones en las que el contribuyente comete errores que pueden dar lugar a vías de cobro judicial sin denuncia penal, hay otros hechos que obligan a la SAT a denunciar el comportamiento porque el mismo está debidamente tipificado en la legislación nacional como delito de evasión tributaria. No es cuestión de que el Superintendente escoja el camino a seguir para realizar los cobros, sino que el mismo está definido en la ley.
Se sostiene que hay una especie de terrorismo fiscal en Guatemala y que la SAT se encarga de realizar acoso a muchos empresarios, pero cuando vemos, por ejemplo concreto, que se trata de operaciones en las que se han presentado facturas falsas compradas a personas que constituyen empresas con el fin de vender facturas, no hay otro camino que el de certificar lo conducente al ramo penal. Lo mismo pasa cuando se obtienen devoluciones fiscales mediante el procedimiento de justificarlas por medio de documentos espurios y todo el resto de cuestiones que la ley clara y categóricamente señala como delitos en el campo tributario.
Por supuesto que el ideal sería que la Superintendencia de Administración Tributaria no tuviera que acudir al Ministerio Público para solicitar la persecución penal en ningún caso, pero sus autoridades estarían cayendo en el papel de las que les precedieron, omitiendo denuncias que por ley tienen que hacer so pena de incurrir, ellos mismos, en responsabilidad penal.
Antes todo se podía arreglar a través de negociaciones bajo la mesa con las autoridades tributarias y por ello es que hay casos muy antiguos que han salido a luz en esta administración de la SAT y que estaban engavetados gracias a los estimulantes sobornos que permitían guardar los procesos.
Creo que debilita mucho la posición de la SAT el planteamiento tan dubitativo, para decirlo de la manera más suave que se pueda, del Presidente de la República que escuchó el clamor de algunos empresarios para que los dejen de estar molestando con esos procesos penales. Lástima grande que el mandatario no se conmueva de la misma manera ante el clamor de los que lo quisiéramos comprometido con el proceso de cambio del país que tiene que ser derivado del mandato que él mismo recibió en las urnas.
Tenemos que llegar al momento en el que entendamos que todos tenemos que someternos a la ley y que nuestros actos tienen responsabilidades. Son los cambios de mentalidad que tanta falta hacen al país para construir verdadera ciudadanía.
