Jorge Santos
Transcurría el 2013 y una estructura criminal estaba en el Organismo Ejecutivo, esta hacía llamarse Partido Patriota y fue la responsable de articular y defender los intereses de una vieja y añeja alianza formada por oligarcas y militares. Entre otros intereses, esta estructura criminal con disfraz de partido político pretendió ser quien pondría punto y final a la educación pública y a la carrera magisterial, de tal cuenta que la ministra de Educación Cynthia del Águila, puso en marcha la desaparición de la carrera de magisterio en las Escuelas Normales para la formación de maestros y maestras en el país.
Sin embargo, tal y como ha sido la historia de los Pueblos en Guatemala, la resistencia y la lucha por las normales y el magisterio, no se hizo esperar. La generación que nació el año de la Firma de los Acuerdos de Paz, salía a las calles a exigir y reclamar el Derecho Humano a la Educación, se organizaba por Institutos Normales y logró articular un potente movimiento estudiantil que hoy puede decirse, empieza a ser resarcido y a ver el fruto de su lucha.
El 2013 fue el año en que vimos al hoy detenido por actos de corrupción y presunto narcotraficante Mauricio López Bonilla, en su papel de Ministro de Gobernación, retomando su papel de represor y agrediendo a adolescentes, niñas y niños que se manifestaron contra la reforma a la Formación Docente. Vimos a la ministra Del Águila reprimiendo administrativamente a docentes y estudiantes que ejercieron su derecho a la manifestación. Así como quedaron expuestos sus vínculos con el crimen organizado, también pasarán a la historia como los que pretendieron poner fin a la educación pública para beneficiar los intereses privados de unos cuantos.
Aquella resistencia y lucha, liderada por estudiantes y docentes, tomó acción en diversos planos y uno de ellos, el jurídico, empieza a rendir sus importantes frutos. La Corte de Constitucionalidad ha resuelto declarar que la afamada Reforma a la Formación Inicial Docente carece de un marco legal que la sustente. Esta acción se la debemos al amparo interpuesto en la Corte Suprema de Justicia por estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del Cantón Xolacul, de Santa María Nebaj de manera directa, pero también gracias a la importante lucha de Institutos Normales, grupos de docentes, padres y madres de familia y organizaciones sociales, populares, académicas y de derechos humanos que acuerparon dichas acciones.
Con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad se da inicio al desenmascaramiento de la ministra Cynthia Del Águila y los falaces argumentos vertidos para el impulso de la Reforma. Con esta resolución se da inicio a evidenciar que para la consecución de sus intereses, este grupo criminal, a través de la referida ministra cometió ilegalidades para imponer una Reforma que atenta contra el Derecho Humano a la Educación. Así como esta resolución genera la esperanza de pensar en devolver a la educación pública el papel preponderante que debiese tener en nuestra sociedad.
