Factor Méndez Doninelli
Entre la explotación y la violación de derechos, llamo la atención de la Ministra de Trabajo y Previsión Social y de la Inspección General de Trabajo. En las áreas rurales e indígenas del país, abundan empleadores que explotan y violan con total impunidad los derechos laborales de las mujeres asalariadas.
Recién, viajé por el Norte del país, estuve en los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Chahal, Raxruhá, Rubelsanto y Lachuá en Alta Verapaz, Playa Grande, Ixcán, en Quiché, Sayaxché, Poptún, La Libertad, San Benito, Santa Ana y Modesto Méndez en Petén; en todos los lugares predomina población originaria de la etnia Q’eqchi’. En la gira, pude constatar la condición laboral de las mujeres que trabajan en esas áreas rurales de la “Guatemala profunda,” empleadas en el sector servicios atendiendo en comedores, restaurantes, hospedajes o en gasolineras despachando gasolina, también las que trabajan en agricultura como recolectoras de las cosechas de frijol y maíz.
El resultado de la observación “in situ” es desalentador, confirmé los abusos que padecen y la explotación de los empleadores, quienes incumplen el Acuerdo 288-2016 que fija el salario mínimo, violan el artículo 272 del Código de Trabajo y vulneran impunemente los derechos laborales de las mujeres, sin que el Ministerio de Trabajo controle los abusos que aguantan las mujeres asalariadas.
Para empezar, a las mujeres no les pagan el salario mínimo que asciende a Q2,643.21 más bonificación incentivo de Q250.00, lo que hace un total de Q2,893.21. Por lo general, les pagan menos de la mitad, es decir, entre Q200.00 y Q1,300.00 mensuales o menos, sin bonificaciones y tampoco seguro social. Este tipo de empleadores son también los hambreadores del pueblo. Tal condición se agrava más, porque la mayor parte de ellas son madres solas, que tienen que lidiar con la paternidad irresponsable e ingeniar la forma de generar ingresos para el sostenimiento familiar. Sin excepción, todas buscan empleo para aliviar su precaria situación y enfrentar el desafío de abrir oportunidades de educación y salud para sus hijos.
Si tomamos en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadísticas INE, el coste de la canasta básica de alimentos asciende a Q3,697.41 y que la canasta básica vital es de Q6,747.09, se infiere que la explotación de la mano de obra femenina, contribuye a aumentar la pobreza y a excluir a las mujeres de la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. En Guatemala, la pobreza en el área rural e indígena supera el 80% de la población.
La explotación y la violación de derechos laborales de las trabajadoras en esas áreas revela un vacío de institucionalidad, el Ministerio de Trabajo y la Inspección General no han tenido la capacidad de ejercer la autoridad y cumplir con supervisar las condiciones laborales, estoy seguro, que nunca han llegado a esos lugares a verificar tales extremos. Exhorto a que investiguen las condiciones de las trabajadoras de restaurantes y hospedajes, por ejemplo, en Flores, Petén.
El Código de Trabajo, es tutelar de los derechos del trabajador, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo para garantizar los derechos laborales de las mujeres asalariadas y explotadas en las áreas rurales? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que se apliquen sanciones severas contra los empleadores abusivos y explotadores?
