Emilio Matta
En días recientes leí una publicación del World Economic Forum y McKinsey en la que detallan las nuevas tendencias de la energía a nivel mundial que redefinirán el panorama energético y también cómo cambiarán las reglas del juego en los sistemas de energía.
Las tendencias a nivel mundial indican una mayor concientización de reducción de emisiones, industrialización y urbanización de economías emergentes, mayor urbanización en los países en desarrollo, mayor conectividad global, reducción de costos en tecnologías alternativas y digitalización. Estas tendencias llevarán a una aceleración de nuevas tecnologías para producción de energía eléctrica, habrá cambios en donde y como se demandará la energía como resultado de nuevos modelos de negocios y nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, se fragmentará el sistema energético global, habiendo más productos y más oferentes, los cuales estarán más focalizados de acuerdo al tipo de demanda. Dentro de las nuevas tecnologías renovables, destacan la energía solar y eólica, sin embargo estamos a las puertas de tecnologías de la próxima generación, como células de combustión para almacenar energía y reactores de fisión nuclear modulares de menor tamaño.
Todo eso ocurre en el mundo en este momento. Sin embargo nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en un país donde más de 1.5 millones de personas no tiene acceso a la energía eléctrica. Donde la principal fuente de energía para los hogares rurales del país se llama leña, por muy medieval que suene. Donde a la par de los grandes proyectos hidroeléctricos hay comunidades que no tienen ni siquiera un foco, además que el mismo proyecto les veda acceso al agua del caudal del río donde la hidroeléctrica se instala. Donde existen grupos como Codeca que se dicen llamar representantes de las comunidades afectadas, pero lo que realmente hacen es cobrar ilegalmente electricidad que no es de su propiedad y oponerse a todo proyecto, en vez de buscar soluciones que brinden oportunidades para quienes dicen ellos representar. Donde no existen políticas claras que ayuden al sector energético a desarrollarse económica y socialmente, es decir, donde todos los actores: empresarios, comunidades afectadas, gobierno y la población en general (principalmente las capas media y baja), tengan un beneficio de la generación de energía eléctrica limpia, ya sea en utilidades, impuestos y principalmente acceso a energía barata.
Da verdadera tristeza leer que mientras en el resto del mundo se desarrollan nuevas tecnologías y nuevos modelos de desarrollo energético, en nuestra Guatemala tenemos un inmenso rezago en este tema por la incapacidad de los actores del sector de encontrar soluciones donde todos salgamos beneficiados, no solo un sector.
Debemos comenzar con lo primero: todos los guatemaltecos debemos tener acceso a energía eléctrica. Todos sin excepción. El costo de la energía eléctrica debe ser razonable, sobre todo para quienes tienen menos ingresos. Las fuentes de energía renovables, principalmente la hidráulica, resultan ser las más económicas, por lo que debemos apuntar en esa dirección. Esto significa que debemos tener más hidroeléctricas. Para minimizar la conflictividad, creo que se debe hacer socios a las comunidades afectadas (ojo que hablo de las comunidades, NO de quienes dicen representarlas), así como brindarles energía y agua potable.
De nada nos sirve tener un desarrollo económico si las grandes mayorías padecen precariedades que son evitables. ¡No nos convirtamos en una Venezuela, si podemos evitarlo!
