Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Uno de los temas recurrentes cuando se habla del Estado de Derecho y las reglas claras para atraer inversión es el necesario respeto a los derechos adquiridos porque sin ese ingrediente no puede haber certeza jurídica y, en realidad, así es como debe ser en cualquier país del mundo. Sin embargo, cuando un Estado llegó a corromperse de tal forma que prácticamente cualquier derecho se adquiere mediante el soborno a los funcionarios que deciden, el argumento pierde por completo validez porque resulta que lo que en el fondo se busca es consagrar como válidos todos los actos administrativos producto de las mordidas o coimas.
En general, el Estado de Derecho se fundamenta en que cualquier licencia, contrato o concesión se obtiene en buena lid y respetando las normas legales. En Guatemala nos dicen que los negocios jurídicos se concretan observando todos los requisitos legales, pero cuando escarbamos un poco vemos que esos requisitos fueron “cumplidos” porque los dictámenes, por ejemplo, fueron emitidos luego del pago de un soborno a los funcionarios encargados y que en cada uno de los pases legales corrió dinero en abundancia y eso no puede ser el cimiento de ningún Estado de Derecho.
Por ello es que para establecer el imperio de la ley y garantizar derechos derivados de actos administrativos, es esencial terminar con la corrupción que se ha generalizado en todos los niveles. Es indispensable establecer procedimientos de absoluta transparencia para garantizar que esas decisiones administrativas sean producto de la estricta observancia de la ley y no, como ocurrió en el caso de TCQ, entre tantos otros, cada papeleo haya sido debidamente “aceitado” con los millones del soborno que se reparte entre las autoridades con el mayor descaro.
Guatemala es un país donde el trámite administrativo es fuente de riqueza para los funcionarios del más variado nivel porque todos se aprovechan para establecer sus particulares condiciones en las que se pueden obtener los contratos o negocios. Y es totalmente inaudito que se pretenda dar absoluta validez legal a derechos adquiridos bajo esos principios de absoluta corrupción y hasta que se le advierta al Estado que puede enfrentar conflictos legales a nivel internacional por no respetar esos derechos mal habidos.
Nos comportamos de maneras tan especiales, como país, que somos el único en el mundo que promueve la generación eléctrica mediante el uso de los recursos hidráulicos sin disponer de una ley de aguas que regule el aprovechamiento de ese recurso natural renovable. En cualquier lugar el requisito indispensable para la hidroelectrificación es una clara normativa sobre la forma en que se pueden aprovechar los caudales que son bienes nacionales de uso público y, en tal calidad, tienen que usarse de conformidad con un claro y específico modelo de regulación.
Pero es que hablamos mucho del Estado de Derecho y del respeto a derechos adquiridos, pero no entendemos el verdadero significado del concepto ni la importancia de que TODO, absolutamente TODO esté sometido a ese principio y que derecho adquirido con corrupción no puede considerare como parte de lo que tanto llaman “certeza jurídica”.
