Es normal que la ciudadanía muestre su malestar por la terrible situación del Sistema Penitenciario en Guatemala, la que se ha notado con mayor relevancia en los últimos días por la destitución del entonces director, Nicolás García, tras la fuga de La Patrona, los privilegios a Blanca Stalling y cuestionables videos que han circulado de sus negociaciones con reos pertenecientes a las pandillas juveniles.
Lo que tenemos que entender también es que una pieza fundamental del Sistema de Justicia como tal es el Sistema Penitenciario y que mientras no le entremos a las reformas profundas que requiere, seguiremos siempre enfrentando, no solo los escándalos, sino que también un desastre completo para la sociedad por las prácticas que los reos llevan a cabo dentro de los centros de detención.
Para nadie es un secreto que la corrupción y el desorden están al día en las cárceles del país. Desde jueces que ordenan traslados sin ninguna lógica o criterio, la falta de clasificación de reos, instalaciones por las que entran y salen los internos, guardias que son los principales proveedores de los ilícitos y hasta cárceles “VIP” para atender con servicios especiales a quienes tienen para pagarlo, todo define un sistema colapsado.
Ahora salen los exministros de Gobernación a decir qué es lo que se tiene que hacer y a criticar que todo esté en tal estado de calamidad en Presidios. Lo que tienen que recordar es que han sido parte del problema porque estuvieron en un despacho en el que hubieran podido hacer algo cuando no era tan complicado y, evidentemente, no lo hicieron. De nada sirve que ahora se quieran pintar como “expertos” cuando fueron inútiles para enfrentar los problemas de la cartera del Interior.
Es urgente que se haga una evaluación de la infraestructura, una clasificación de reos y que se proponga el manejo integral de los centros de detención para que podamos contar al final con lugares para prisión preventiva y cárceles de cumplimiento de penas.
Además, que según los delitos puedan seleccionarse a los reos para que reciban el trato que merecen. No puede ser que el acusado de un delito menor tenga que convivir con un extorsionista, secuestrador, narcotraficante o asesino. Y mucho tiene que ver con las trampas y retardos de un sistema de administración de justicia que no facilita que los procesos avancen y de esos traslados tan cuestionados de los “poderosos”.
Las cárceles no son un problema de Presidios únicamente, sino que deben ser consideradas un tema de Estado y con esa seriedad deben, también, reformarse de manera profunda.
