Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró mediante su resolución 47/237 la celebración de cada 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias con el propósito, según dicho instrumento internacional, el de “promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad”.
Adicionalmente a ello, la naturaleza garantista de la Constitución Política de la República de Guatemala, permitió establecer en su artículo 47 al Estado como responsable de la familia para protegerla en un marco social, económico y jurídico, donde el matrimonio, la unión de hecho, la niñez, los adultos mayores y la maternidad, son los derechos fundamentales de toda persona. Complementa la normativa constitucional los fundamentos de la adopción y las personas con discapacidad, que también deben ser objeto de resguardo y protección.
Uno de los más importantes aspectos que obligan al Estado por medio de la Constitución, es la noción de realizar acciones que protejan la desintegración familiar. En su momento, la Constitución estableció algunos conceptos como la drogadicción y el alcoholismo como ejemplos, pero hoy en día se pueden mencionar a la ausencia de algunas garantías económicas y sociales tales como la educación, la justicia y la pobreza, así como las migraciones, de causas modernas de la desintegración familiar.
Los posibles efectos de no contar con una familia integrada y que ésta cuente con los fundamentos básicos para su vida en dignidad, pueden fácilmente identificarse como la paternidad irresponsable, los embarazos a niñas menores de 14 años -que constituye un delito-, la formación de grupos antisociales conocidos como las “maras”, la delincuencia al servicio del crimen organizado e inclusive el fenómeno de la migración, por razones de ausencia de oportunidades económicas y por ende la pobreza. Todos estos indicadores de ausencia de una familia y su valoración como institución social, tienen una incidencia negativa en la sociedad, en la convivencia y especialmente en el futuro de las personas.
Para que efectivamente el futuro de nuevas generaciones pueda garantizarse, entre otras medidas, el Estado debe invertir en su núcleo social, por medio del establecimiento de políticas públicas de protección e incentivo a la familia, así como el combate a todas aquellas circunstancias que la puedan poner en peligro.
Se trata de una apuesta a largo plazo, y deberá realizarse en conjunto con otras acciones de urgencia e importancia inmediata, que no sólo permita el cumplimiento de la ley sino, además, la valoración de la persona como ser humano.
