Raúl Molina
El debate reciente en torno a los Pactos Colectivos muestra la forma en que la clase patronal, Estado y sector privado, son antisindicalistas, por principio, pese a que entre los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal y en la Constitución está el de libremente formar sindicatos. Los trabajadores se lamentan, con razón, de que existen pocos sindicatos -existen pocos puestos de trabajo, que obliga a los trabajadores a no sindicalizarse, para no perderlos- y del ataque constante contra ellos. Los patronos se quejan de los Pactos Colectivos, el ejercicio del derecho a la huelga y la salida a las calles.
La controversia entre trabajadores de Salud Pública y autoridades del Ministerio, azuzada por los medios de comunicación social y la clase política, muestra a un patrono, el Estado, más papista que el Papa, al pretender anular el Pacto Colectivo. En este conflicto queda en evidencia la pobreza del funcionamiento del Ministerio, sin control de qué sucede con su personal. El Pacto Colectivo fue el mecanismo de Otto Pérez para desactivar la lucha política del Frente Nacional de Lucha -que brilló por su ausencia en 2015- y que, al negociarse se pudieron haber obtenido prebendas poco usuales. Pero un Pacto Colectivo debe respetarse durante el período de vigencia. Se puede, por acuerdo de las partes, renegociar algunos puntos que puedan ser difíciles de cumplir; pero, sin acuerdo, el patrón siempre tendrá la opción de enmendar el acuerdo a la hora de firmar un nuevo Pacto. Si cometió errores o le salió mal la jugada, tiene que atenerse a las consecuencias. Para los trabajadores, la única protección es que la palabra firmada se mantenga. Sería lamentable que una Ministra, que es vista no solamente como capaz y eficiente sino también como progresista, cayera en la trampa de dar el ejemplo de que la fuerza, ya sea física o jurídica, echa para atrás las conquistas de los trabajadores sindicalizados. Más que estar buscando cuántos trabajadores «no trabajan» -la labor de los dirigentes sindicales, que es verdadero trabajo, es garantizar que los sindicatos contribuyan al logro de los objetivos de las instituciones o empresas- los medios de comunicación social deberían sugerir modalidades de negociación para satisfacer a ambas partes.
El problema es que al mencionarse la palabra sindicato, la derecha ha amaestrado a las capas medias, incluidos quienes escriben en los medios de comunicación social, para reprocharlos y rechazarlos. No importa las decenas de miles de trabajadores que murieron en defensa o utilización de sus derechos y la búsqueda del desarrollo del país, se les proyecta como enemigos de las empresas o del Estado. Es absurdo; si a una empresa le va mal, los primeros en pagar son los trabajadores, que son despedidos. Y el Estado sigue aumentando las partidas presupuestarias en donde las y los empleados y trabajadores no tienen derechos y pueden ser despedidos arbitrariamente y en cualquier momento. La balanza está totalmente inclinada hacia los patronos y no podemos permitir que lo negociado sea dejado sin efecto con base en las dudosas leyes del país.
