Guatemala se encuentra en un momento clave para determinar si se quieren tomar los principios básicos de la justicia como la independencia y la universalidad o si nos quedamos con un sistema que ha sido secuestrado, manipulado, infiltrado, dominado y prácticamente apropiado por algunos para controlar la multimillonaria corrupción sin temor alguno a la persecución penal.
Hay casos que nos demuestran de qué estamos hablando. Álvaro Arzú no comprende que haya instancias a las que les tenga que rendir cuentas. Ya logró salirse con la suya en la muerte de Sas Rompich, las escandalosas privatizaciones, la corrupción en su gobierno, los fideicomisos, las licencias de construcción, Transurbano, etc., por lo que ser «intocable» ha sido hasta aceptado socialmente por una buena parte de los ciudadanos.
Otro ejemplo, la señora Blanca Stalling que está en la cárcel por haber quedado en evidencia al intentar manipular desde su puesto de magistrada de la Corte Suprema de Justicia a un juez que llevaba el caso de su hijo, Otto Molina Stalling, acusado por la corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Blanca Stalling ha ido demostrando que los hilos con que se maneja a los títeres de la justicia, siguen siendo fuertes y están bajo su control para poder manejarlos a su antojo.
Ha logrado fallos que en cualquier otro sistema judicial serían impresentables y se da el lujo de pasear como que estar en prisión fuera una vacación pagada en lugar del castigo por haber violado la ley.
Y podemos asegurar que la sociedad ha empezado a ver «menos mal» la corrupción al notar que está tan cerca de cada uno por los amigos, conocidos o conocidas empresas que han terminado involucradas en alguno de los casos.
No digamos que no extraña que el caso de Transurbano en el que muchos están embarrados, al igual que Odebrecht, sigan sin poner en prisión a los más importantes funcionarios de gobiernos que no son del Patriota.
Y, para terminar, el caso de TCQ que termina justificando el valor de los 30 millones de dólares en mordidas, al menos de las que se han hablado. Es obvio que para los propietarios habría sido una excelente inversión para hacerse con el proyecto cuando terminan teniendo su operación, el control absoluto sobre la Procuradora General de la Nación y el servil servicio del interventor. La corrupción, claro que paga y TCQ lo demuestra.
En fin, pareciera que, a pesar de tantos esfuerzos, aún hay superiores a la ley. Veremos si la batalla final la gane la Justicia.
