Javier Monterroso
Durante los últimos meses hemos asistido a un escenario de abierta confrontación entre los opositores y promotores de la reforma constitucional en materia de justicia, y en las últimas semanas el mismo ha subido de tono acusándose ambos bandos de faltas de respeto y agresiones, en el bando pro reforma uno de los líderes más visibles ha recibido amenazas e intimidaciones, mientras que en el bando contrario hay acusaciones de que se ha utilizado el poder punitivo del Ministerio Público contra los diputados opositores a las reformas.
Es importante aclarar que la tesis de que las Constituciones son pactos sociales consensuados es una ficción jurídica de los contractualistas como Hobbes, Locke y Rousseau; en la práctica la gran mayoría de las Constituciones de todo el mundo no han surgido del acuerdo de los diversos sectores sociales sino de la imposición de una fuerza política mayoritaria, que aun con la oposición de ciertos sectores logra imponer una visión de Estado, ejemplos históricos de esto son la Constitución francesa de 1793, en Guatemala la Constitución Liberal de 1879, la revolucionaria de 1945 y las más recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Por otro lado hay que reconocer que la Constitución guatemalteca de 1985, actualmente vigente, sí es en buena medida producto del consenso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente, esto debido a que existía un balance de fuerzas entre la Democracia Cristiana (DC), la Unión del Centro Nacional (UCN) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Incluso las nefastas reformas constitucionales del año 1993 contaron con el apoyo de la sociedad civil representada en la Instancia Nacional del Consenso, aunque la mayoría de las reformas fueron hechas para beneficiar a un sector específico.
En el escenario actual es evidente que no existe una fuerza política mayoritaria que pueda impulsar la reforma constitucional, aun si el presidente se comprometiera realmente a impulsarla no creo que lo lograría, y si en todo caso fueran aprobadas por el Congreso con el actual grado de polarización social en el tema es muy difícil que sean aprobadas en la consulta popular.
Si no son aprobadas las reformas tendremos la elección de Fiscal General en 2018 y las de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de apelaciones en 2019, ambos mediante el sistema de comisiones de postulación el cual ha sido duramente criticado por diversos sectores con mucha incidencia en los medios de comunicación, por lo que es previsible que de hacerse así las elecciones del poder judicial el mismo va a ser cuestionado por buena parte de la opinión pública con lo que su legitimidad se verá afectada, sin embargo, es un escenario muy probable por lo que los impulsores de la reforma deben evaluar la correlación de fuerzas y replantear su estrategia, incluyendo un nuevo diálogo con alguno de los sectores que tienen críticas al contenido de las reformas.
