Luis Enrique Pérez
Opino que es beneficioso que haya controversia sobre la reforma constitucional de la administración pública de justicia, que actualmente es objeto de las deliberaciones de los diputados; pero tal controversia debe consistir en argumentaciones que pretenden mostrar la validez o no validez de la reforma como medio para el fin que se pretende lograr. Por supuesto, cualquier argumentación debe tener la generosa intención de ser lógicamente válida, y no la perversa intención de ser una falacia.
Reitero que el motivo por el cual algunos ciudadanos nos oponemos al proyecto de reforma constitucional, no es creer que, en general, tal constitución no debe ser reformada; y que, en particular, no debe ser reformada la parte sobre administración pública de justicia. Precisamente, en marzo del año 2009, con la firma de por lo menos 73,000 ciudadanos, la asociación civil Pro Reforma (de la cual soy miembro fundador), propuso un proyecto de reforma constitucional, una de cuyas partes más importantes es la administración pública de justicia. Los diputados eludieron discutir sobre ese proyecto.
Nos oponemos al proyecto de reforma que fue originalmente elaborado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y la Procuraduría de los Derechos Humanos; que fue propuesto por el Presidente del Organismo Legislativo, el Presidente del Organismo Judicial y el Presidente del Organismo Ejecutivo; que pronto fue convertido en proyecto de ley; y que actualmente es objeto de discusión parlamentaria final. Reitero que nuestra oposición es concreta y no abstracta, o es específica y no genérica, o es precisa y no ambigua. Es oposición a un determinado proyecto de reforma constitucional.
El motivo de oposición es formal y también material. El motivo formal concierne a la pura legalidad constitucional, que incluye la consistencia interna, o compatibilidad necesariamente recíproca de todos los preceptos constitucionales. El motivo material concierne a la naturaleza misma de la reforma propuesta, o aquello en lo cual consiste la reforma, sea o no sea formalmente válida. No es mi propósito ocuparme ahora de explicar el motivo formal y el motivo material de oposición.
Afirmar que quienes nos oponemos al proyecto de reforma elaborado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, queremos que persista el deficiente y corrupto régimen constitucional actual de administración pública de justicia, y hasta afirmar que, por lo menos algunos de quienes se oponen, ansían conservar los beneficios que han obtenido de ese régimen, intenta ser una acusación. Una acusación puede ser verdadera o falsa; pero tampoco se demuestra que esa intentada acusación es verdadera. Solamente se acusa. Y quienes claman por la aprobación de la reforma constitucional afirman que aman la justicia; pero ese amor no es la cuestión que es objeto de controversia. Pueden armarla con ilimitada pasión. El objeto es la idoneidad de la reforma como medio para lograr determinada finalidad.
Reitero también una tesis expuesta en un artículo anterior: una reforma es un caso particular de cambio; pero el cambio, no por ser cambio, es cambio para mejorar. Puede ser cambio para empeorar. Y precisamente el proyecto de reforma constitucional que los diputados intentan aprobar, propone un cambio para empeorar. No afirmo que la intención de los autores del proyecto de reforma es lograr ese empeoramiento; pero debo reiterar que, del mismo modo que el cambio, no por ser cambio, es cambio para mejorar, la más benévola intención, no por ser tan benévola, provoca el mejor resultado. Y podemos concederle a quienes defienden la reforma constitucional, la más benévola intención; pero esa concesión no implica admitir que, por tanta benevolencia, defienden la mejor reforma; aquella misma que el país demanda con urgencia, por lo menos para vislumbrar el elusivo ideal de justicia.
Post scriptum. Algunos defensores del proyecto de reforma constitucional, que presuntamente son miembros de una vasta alianza popular, tácitamente han declarado que nadie debe oponerse a ese proyecto. Me disculpo por no acatar la prohibición oculta en esa declaración.
