Ayer se volvió a mencionar la incapacidad de ejecución de parte de las instituciones del Ejecutivo, a la vez que era solicitado en el Congreso de la República que se eliminen los “candados” para el Presupuesto del presente año y que se haga modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado como pedido de los alcaldes de poder eliminar las medidas que garanticen la transparencia y la calidad del gasto público.
Para nadie es un secreto que la ANAM se ha convertido en una facilitadora de las gestiones que los jefes edilicios buscan implantar para seguir con su caravana de transa y mal gasto de los recursos públicos, y el presidente de dicha asociación, Edwin Escobar, se ha dedicado a cuidar de esa manera su base política de poder local. Los alcaldes quieren seguir con su forma de actuar a pesar de ver a sus colegas que han tenido que enfrentar procesos penales por su nulo apego a la ley.
La verdad es que es muy preocupante que los representantes de las instituciones públicas de Guatemala no tengan capacidad de ejecutar el gasto dentro de la ley en un país con tanta corrupción, y cuyos ciudadanos tienen tantas necesidades mientras la infraestructura está en situación catastrófica.
A nivel de gobierno central, reportes de auditoría social indican la dramática incapacidad de ejecución, y es obvio que ello se refleja en la pobre prestación de servicios e inversión en obra física. Basta con ver el estado de las carreteras, hospitales y escuelas para darnos cuenta que sobra en qué invertir la plata.
A eso le tenemos que agregar la política de un Estado de solicitar préstamos cuando ni siquiera puede gastar lo que tiene asignado dentro de su presupuesto. Muchos podrán decir que por la estructura de dicho presupuesto es muy complicado cubrir rubros que “no cuentan con el espacio”.
Pero la verdad es que todo esto es por falta de capacidad para planificar y ejecutar con conocimiento de las funciones de cada una de las instancias. Si se hace un Plan Operativo Anual correcto y, con base en eso, se solicita un presupuesto de apoyo a las políticas y acciones que se quieren tomar en el período correspondiente, no debería haber estos impedimentos ni urgencias que año con año aducen las autoridades.
El problema es que cómo se llega a improvisar y a ver “en qué se gasta” sin tener la más mínima idea de una agenda mínima a seguir, entonces es cuando la incapacidad, más que el control por la transparencia, les impide ejecutar.
