Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
La situación en la que se encuentra la hermana República Bolivariana de Venezuela es un nuevo ejemplo de lo que puede suceder en uno de nuestros países en América Latina.
Los partidos políticos de toda tendencia que existían en Venezuela defraudaron la opinión de la ciudadanía.
La corrupción, el aprovechamiento improcedente de la enorme riqueza petrolera, la falta de pago de impuestos y, más grave aún, la falta o búsqueda de soluciones y consensos propició el triunfo eleccionario del carismático Hugo Chávez, quien fue apartándose paulatinamente de lo que debe ser un balance democrático y con sus programas acercándose nuevamente al precipicio, extremos en una sociedad.
Chávez fue reelecto como presidente de forma mayoritaria y murió, sin duda alguna, siendo el principal líder político de Venezuela, con aciertos y desaciertos.
Su sucesor, “Maduro” ha sido un fracaso, que ha polarizado más a la sociedad recurriendo a la negación de la democracia, invadiendo la división de poderes, encarcelando a los líderes de la oposición y generando permanentemente la confrontación que se produce también por la falta de gobierno, por la falta de abastecimientos alimenticios y de toda naturaleza.
La inflación en Venezuela no se mide por año, se mide día a día, y es tan grave que puede llegar al 700% el presente año.
No hay día que no se produzcan noticias preocupantes sobre los enfrentamientos y los desacuerdos que privan entre venezolanos.
Una forma para resolver esa enorme crisis sería volviendo a la democracia y al respeto del Estado de Derecho.
Es grave que Venezuela pretenda separarse de la OEA, es gravísimo que el presidente Maduro convoque a una Asamblea Constituyente sin respetar, ni observar las normas vigentes y el hecho universal que una Constituyente legitima tiene que ser representativa, electa por sufragio universal, en voto secreto y representante de la totalidad de la ciudadanía venezolana.
Lo contrario solo incrementa la crisis, le gana tiempo al actual gobierno, pero en ningún caso resuelve la crisis; distinto seria si la convocatoria a elección fuera totalmente legitima.
Toda América Latina debe aprender de estos graves errores en carne ajena, pero siempre carne latinoamericana.
Guatemala en lo particular debe de sacar la conclusión y comparar si es bueno reformar las leyes vigentes para actualizarlas o reformar y actualizar la Constitución 30 años después es conveniente, pero hacerlo con propuestas y redacciones desde fuera del Congreso es ilegal.
Una cosa es oír y otra cosa es proponer, y otra muy distinta imponer la redacción de cualquier reforma al soberano Congreso.
En el procedimiento legal que rige en nuestro país, la reforma a la Constitución tiene un camino expedito y de la misma manera que se argumenta que hay que reformar normas relativas a la justicia, también es evidente que hay que reformar normas relativas al proceso electoral, a las características y requisitos que deben de cumplir los diputados del Listado Nacional, los listados distritales y de las corporaciones municipales.
Debe también reformarse aspectos del servicio civil para que no se continúe abusando en los pactos colectivos de trabajo y en cualquier otro aspecto de la administración pública.
¡Guatemala es primero!
