Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Guatemala se encuentra en un callejón sin salida, porque cualquier esfuerzo institucional por cambiar el sistema que alienta la corrupción y la impunidad tiene por fuerza que pasar por el Congreso y está probado que allí no hay la menor posibilidad de algún cambio que pueda comprometer de alguna manera a los políticos que han tenido secuestrado el modelo democrático y que pueden sentirse tranquilos porque aquí, en nuestra patria, vive un pueblo que es de los más felices del mundo pese a problemas que se ven como pequeñeces, entre ellos el de la violencia e inseguridad, el de la falta de oportunidades para la mayoría de la población que vive en condiciones de subsistencia, la ausencia de un régimen eficiente en educación y nada digamos de la pobrísima cobertura de la salud pública. Basta aventurarse por alguna carretera, la que usted escoja, para darse cuenta del total estado de abandono en que ha caído Guatemala pero, con todo, nuestra gente es de las más felices del planeta, vaya usted a saber por qué.
Sin embargo, vemos que la misma gente que en Guatemala habla de la necesidad de preservar la institucionalidad a toda costa se pronuncia a favor de acciones menos convencionales cuando se habla de Venezuela, bajo el argumento de que allá no existe la institucionalidad porque Chávez y Maduro se encargaron de hacer una a su medida.
Pues resulta que a partir de 1985, cuando empezó a regir nuestra Constitución, los poderes fácticos del país empezaron a construir una institucionalidad a su medida, empezando por la cooptación de la democracia mediante el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas que, por la falta de organización partidaria, se convierten en una auténtica competencia por el dinero al punto de que lo que tenemos en Guatemala es una verdadera pistocracia. Pero a ello hay que agregar que entre los políticos tradicionales y los traficantes de influencias, se establecieron alianzas perversas para asegurar la impunidad en el saqueo del Estado que viene de mucho tiempo atrás. Empezó con las concesiones para la telefonía celular en tiempos de Cerezo, cuando también se vendió en forma vergonzante la línea aérea nacional, Aviateca, para citar apenas los negocios más conspicuos y posiblemente lucrativos pero de ninguna manera los únicos perpetrados en ese gobierno.
Al principio eran relativamente moderados para cobrar mordidas por licencias para la explotación de los recursos nacionales, pero con el tiempo se fueron descarando hasta llegar a los períodos en los que, con asesoría de “prestigiosos” bufetes, se procedió a la piñatización de los bienes del Estado, empezando por la telefonía.
La cooptación de las comisiones de postulación fue la guinda del pastel, porque permitió el control del sistema de justicia para garantizar la impunidad tan necesaria para facilitar el saqueo del Estado.
En esta era de “apertura democrática”, Guatemala no ha tenido legítimos representantes en el Congreso porque allí se vota al sonar de las fichas y punto. Nuestra institucionalidad está hecha y diseñada para beneficio de los corruptos políticos y sus socios. Tan deformada, sin duda, como la criticada institucionalidad venezolana.
