Isabel Pinillos – Puente Norte
ipinillos71@gmail.com
La semana pasada escribí sobre el evento de análisis que realizó el Instituto de Política Migratoria (MPI), sobre los primeros cien días de la administración de Donald Trump, en materia migratoria.
Una práctica común, que no es del todo precisa para medir la dureza de la represión migratoria en EE. UU., ha sido a través del número de deportaciones que llegan al país por vía aérea (desde EE. UU.) y terrestre (desde México). En el actual gobierno de Trump, puede ser un error basar este criterio únicamente en el número de deportaciones.
Actualmente, observamos cuatro factores importantes de la presente administración de EE. UU.:
1) Con las órdenes ejecutivas de enero, hay un cambio radical que llama a “todas las agencias de gobierno emplear todos los medios legales para asegurar la aplicación precisa de las leyes de inmigración de Estados Unidos en contra de los extranjeros removibles.” (sic) Esto implica que la persecución a migrantes irregulares se lleva a cabo por todos los frentes posibles, abarcando a toda clase de personas, ampliando el concepto de criminalidad, aplicando sanciones a quienes alberguen a personas removibles, contratando a más elementos de seguridad y coordinando a todas las agencias gubernamentales.
2) Para implementar la nueva política de Estado, la administración Trump llamó a sus filas a algunos de los más recorridos tecnócratas que coincidían con sus visiones antimigratorias. En el Ejecutivo están los directores de Seguridad Interna, ICE y Control Fronterizo; en lo judicial, sobresale el Fiscal General Jeff Sessions. Todos ellos son personas de carrera, con recursos y dispuestos a ejecutar dichas normativas, y a perseguir a los infractores de normas migratorias hasta sus últimas instancias. Observemos también cómo en la Corte Suprema hay y habrá nuevos nombramientos con un giro hacia el conservadurismo. En lo legislativo, un Congreso y Senado con mayorías republicanas, pero, además, con una agenda bipartisana sobre la protección de fronteras.
3) En lo interno de EE. UU., la prioridad de aprehensiones se ha extendido a prácticamente cualquier persona, no importando su historial delictivo. Estas medidas tomarán más tiempo en ser notorias, pues necesitan recursos adicionales; pero desde ya, vemos mayor tensión entre las familias que ya no se sienten seguras en los lugares públicos que antes frecuentaban.
4) No perdamos de vista la posiblidad de que la reciente disminución de deportaciones desde México pueda continuar si este país cambiara su política migratoria y dejara de colaborar con EE. UU. en el control migratorio en la Fronera Sur en represalia por la construcción del muro y el TLCAN.
El hecho de que las deportaciones durante este año hayan bajado con relación a la adminstración de Obama, no implica que ésta haya sido más implacable, ya que una razón del porqué estos números se disparaban, era porque una gran cantidad de deportados realizaban múltiples ingresos al país en el curso de varios años.
Los analistas invitados al foro de MPI vislumbran que en los siguientes 4 a 8 años, la combinación de acciones antimigratorias provocarán una baja de deportaciones desde la frontera, porque el mensaje de “no vengan” calará entre quienes piensan migrar, pero por otro lado, se proyecta que las deportaciones desde el interior del país aumentarán.
Aunque los efectos de la actual administración no sean visibles, claramente estamos ante un régimen distinto, que rechaza la migración y que lanza un mensaje a la región. Como uno de los principales países exportadores de migrantes, ¿no deberíamos tener acaso, un plan de contingencia profesional para contrarrestar los efectos de estas medidas? Sólo pregunto.
