Juan José Narciso Chúa
El sistema de impunidad, corrupción y control del poder político se resiste a morir. Es más, el morir es inaceptable, pues saben los conservadores que si ceden un ápice del control que tienen con respecto al Estado y sus instituciones, significa, inevitablemente, que aceptan su final. Sin embargo, esta es una cuestión relativa, que resulta paradójicamente lo que las élites y los grupos de apoyo conservadores no aceptan y no pretenden permitir. Sin duda, una visión equivocada, en términos que, para ellos, no es posible aceptar ni siquiera modificaciones mínimas que permitan al sistema cambiar y a la sociedad conducirse hacia una nueva humanidad imprescindible.
Veamos. Las élites económicas han mantenido un control férreo del Estado y de sus tres poderes, sin que nada, ni nadie se haya atrevido a regateárselas, ni tampoco lo han permitido. De esta cuenta, en el caso del Ejecutivo, el círculo del control empieza con el financiamiento del partido o partidos políticos potencialmente ganadores, con lo cual se aseguran que todos ellos estarán dispuestos a aceptar sus “orientaciones”, que más bien son imposiciones. Cuando asume un nuevo régimen con su equipo, todos saben que nuevamente los “invitan” a una reunión, como aquella que se supo el trato ofensivo a un vicepresidente electo, a quien le dijeron algo así: “como sabés, nosotros mandamos acá” y le tendieron un cheque de más de seis cifras, pero la forma resultó ofensiva y el mandatario electo, lo rechazó tajantemente. Hubo llamadas al mandatario electo y ahí todo se resolvió, el cheque parece que creció. El mecanismo de intermediación o la herramienta de control es la corrupción (te enriquecés, está bien, pero nosotros ponemos las reglas) y con ello la impunidad y el mantenimiento de privilegios queda establecido.
En el Organismo Judicial, el espacio y el mecanismo que permite mantener aherrojado al sistema son las Comisiones de Postulación, ahí se reconocen y definen los que están a favor del sistema, se lanzan los mecanismos que aseguran las voluntades que sean necesarias para asegurarse que las decisiones judiciales, no los afectarán, ni a ellos, ni a sus pares, mucho menos esperan que ocurran sorpresas como las que ahora han tenido que soportar. La integración de las cortes y tribunales se define por medio de las “quemadas” y corruptas comisiones de postulación, como usted recordará lector o lectora, dos magistrados han sido acusados y procesados formalmente y una más fue removida también, con lo cual el sistema ha tambaleado. A regañadientes ha aceptado procesos, detenciones y juicios, pero no está contento con ello, es necesario “bajar el perfil”, “reducir la presión” que han ejercido el MP, la CICIG y encima la SAT, “están presionando la inversión” y “dañando la economía”, aducen.
En el Legislativo todo es historia ya contada y vieja. Se aseguran, por medio del financiamiento de los partidos políticos, que los que lleguen a las diputaciones sepan de antemano a lo que van al Congreso. Nada de leyes divergentes al sistema, sino al contrario, permitir aquellas que ellos bendicen y tramitan por medio del Ejecutivo, por medio de ministros que complacientes y dóciles tramitan como empleados sin criterio y dignidad. La compra de diputados, hoy ya es pública, es más el caso Odebrecht ha destapado hasta aquellos parlamentarios que no se creía fueran a caer en el juego de la “coima”, el pago bajo la mesa, el brillo de la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Estas consideraciones son las que explican el por qué el CACIF aparece, después de quedarse callado, ajeno y distante a la discusión de las reformas, porque podrían parecer Pro Impunidad y principalmente preocupados porque sus porras conservadoras les fallaron en permitir la aprobación de ciertas reformas molestas y hoy abren el debate nuevamente diciendo que no, a la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, nada nuevo, pero resintiendo que su espacio de control se puede reducir y con ello perder su poder de antaño, de toda la vida.
Desafortunadamente, no aceptar ninguna reforma, refleja en realidad su poca visión sobre una sociedad distinta y un país diferente. Abrir los mercados, provocar mayor competencia, reducir o regular la capacidad de los mercados imperfectos y permitir que la justicia camine con libertad, sin presiones y que el Ejecutivo haga su trabajo sin el ilícito como emblema y la corrupción como expediente, al igual que el Congreso, es efectivamente aceptar que se debe saltar a una nueva etapa en el desarrollo político, económico, social, cultural y étnico de este país. Sin duda, esta obtusa posición, esta obcecación por perder el poder, hace al CACIF ponerse del lado de la impunidad y la corrupción.
