Francisco Cáceres Barrios
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El célebre político, abogado y presidente de México, Benito Juárez (1806-1872) conocido como Benemérito de las Américas se hizo todavía más célebre por su frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. En este breve concepto se encuentran los principios fundamentales del derecho, aquella conducta a seguir en situaciones diversas o sobre normas de ordenamiento jurídico. En él reluce el criterio que expresa un deber de conducta individual o colectiva. No hacerlo, es permitir que cada quien haga lo que se le dé la gana, a pesar que ello significa la violación de leyes y lo más importante a considerar, que termina de despedazar los valores y principios con que debiera actuar nuestra sociedad.
Digo lo anterior, cuando me entero que hay quienes sin ninguna base o sustento pretenden relevar de la responsabilidad que cada quien tiene de sus actos, solo por el hecho de que todos tenemos derecho a manifestar nuestras inconformidades, lo que ocurrió recientemente cuando un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio Número 2, situada en la Calzada San Juan de la zona 7 de la ciudad capital. En este lamentable acontecimiento no solo hay que deducirle responsabilidades a quien atropelló a los 13 estudiantes, sino también a las autoridades del plantel, como de otras entidades que estaban presentes, a profesores, a padres de familia y a todo aquel que en lugar de calmar los ánimos, haya permitido darle rienda suelta a quienes por su carencia de madurez e impulso juvenil salieron a protestar a la vía pública, impidiendo con ello la libre locomoción de quienes ninguna culpa tenían de lo que estaba ocurriendo.
En más de una oportunidad este aprendiz de escribiente ha advertido que la incapacidad o negligencia de las autoridades para poner orden en las protestas públicas que en todas partes a diario ocurren en el país, seguramente traerían tarde o temprano serias consecuencias y aquí está una de ellas, como que de seguir en las mismas continuarán ocurriendo. Impedir la libre locomoción no solo es una violación a una norma constitucional, sino es un acto en contra del orden público y ello tiene el castigo contemplado en nuestra legislación penal vigente, aparte de irrespetar el derecho ajeno.
Con todo ello no se está tratando de criminalizar a nadie, mucho menos existe odio en contra de las manifestaciones, sino simplemente se está velando porque los guatemaltecos asumamos las responsabilidades inherentes a nuestros actos, porque de seguir haciendo cada quien lo que mejor nos plazca, incluso con actos violentos y fuera de la ley ¡de la debacle no se salva nadie! ¿Eso es lo que queremos para nuestro país?
