Jorge Santos
Este miércoles pasado ocurrieron dos hechos contra la defensa de los derechos humanos, que dan cuenta del deterioro profundo de nuestra sociedad, así como la materialización de un discurso que como gota ha permeado a ciudadanos y ciudadanas, que alienta al odio y a la violencia. El primero de los eventos va a suceder en el Congreso de la República cuando un mal llamado diputado sube al balcón del hemiciclo y arremete verbalmente contra un ciudadano que se manifestaba a favor de las Reformas Constitucionales. Casi de manera paralela un grupo de jóvenes manifestaba por su Derecho Humano a la Educación cuando una persona en un vehículo atropelló al grupo y provocó daños físicos a 16 menores de edad.
Cada uno de estos hechos representa la materialización de un discurso que alienta a la violencia. Tal y como ha podido documentarse a través de varios medios de comunicación y redes sociales, un pequeño grupo se manifiesta con lo que se considera discurso del odio, el cual es replicado por personas que sin mucho conocimiento son la caja de resonancia de los mismos. Este grupo vinculado al fascismo se manifiesta abiertamente contra cualquier defensa o promoción de los derechos humanos y en el pasado fueron quienes a través del uso de este discurso promovieron, alentaron y algunos participaron en graves violaciones a derechos humanos.
Es por ello que se hace vital que el Ministerio Público genere las acciones pertinentes para dar con los responsables de estos hechos de violencia que tienen como telón de fondo el aliento a odiar y a la violencia. Un importante punto de partida lo constituiría la resolución de agosto de 2013 en la cual el Procurador de los Derechos Humanos, luego de una exhaustiva investigación, concluye declarar violador de derechos humanos a Ricardo Méndez Ruiz porque sus publicaciones, declaraciones y alusiones en distintas redes sociales, de manera personal y a título de Presidente de la mal denominada Fundación contra el Terrorismo incitan al odio y promueven la violencia contra organizaciones sociales, populares, comunitarias y defensores, defensoras de derechos humanos en el país.
En esta resolución del PDH plantea que la difusión de mensajes en redes sociales, declaraciones publicadas en diversos medios de comunicación, pasquines o libelos insertos en un medio de comunicación escrita “forman parte de una estrategia articulada para difundir un discurso de odio que pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a un sexo, edad, grupo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, opiniones y posiciones políticas e ideológicas, estatus socioeconómico, ocupación, apariencia o imagen.”
Ninguna acción debe ser causa para que un diputado o cualquier persona violente a otra, incluso, con la posibilidad de asesinarle, menos aun cuando se da en el marco de la defensa de derechos humanos. De ahí la imperativa urgencia de que se dé con los responsables y se haga justicia en estos y otros hechos que son la materialización del discurso de odio.
