Jesús Abalcázar López
Es increíble el descaro de los diputados al Congreso de la República, por la defensa oficiosa que han hecho del actual proceso de antejuicio, porque constituye un verdadero salvoconducto para cometer graves delitos, en contra de los intereses nacionales y ante todo, delitos que repercuten directamente en la vida de los guatemaltecos. Que desvergüenza la de estos “dignatarios de la patria”, los que realmente deberían ser declarados Apátridas, despojándolos, de una nacionalidad que ostentan, sin merecer, puesto que traicionan a la patria, al no cumplir con las atribuciones constitucionales que les corresponden, como dignatarios. Ellos reciben un salario y buenas prebendas, pero para legislar, o sea, para presentar iniciativas de ley y aprobar las leyes que necesita la nación, con lo cual se atenderían las necesidades nacionales, para el desarrollo y superar así, el buen funcionamiento y la eficiente administración del gobierno y el Estado.
El punto esencial, al respecto del derecho de antejuicio, es que dicho recurso legal, actual, debería desaparecer de nuestro ordenamiento legal, por ser, en su formalidad, vigente, completamente contrario a la pronta aplicación de la justicia, puesto que se ha convertido en una total obstrucción de los procesos penales en contra de los funcionarios públicos, a quienes se les debe aplicar la ley, convirtiéndose, el antejuicio, en un salvavidas oportuno, para que los delincuentes de cuello blanco, que encuentran en él, una forma de escabullirse del brazo, muchas veces, débil, de la justicia, o lo utilizan, para retrasar los procesos, y hasta para tener tiempo de huir del país, debido a la filtración de información, esto, aún, antes de que se emita una orden de captura, en su contra, para evitar su fuga del país. De estos casos, tenemos varios ejemplos, algunos más recientes que otros, como lo es el caso del diputado Luis Rabbé y del exministro de Energía, Erick Archila, quienes se encuentran en la república de Nicaragua, resguardados por el dictador, Daniel Ortega y su gobierno.
Es imperativo que se vuelva a abordar el artículo relativo al derecho de antejuicio para analizar, juiciosamente, si existen algunos funcionarios o dignatarios, seguramente, pocos casos, donde sí pueda proceder el antejuicio, por razones, plenamente justificables y valederas, como sería el caso de algunos cargos en el Gobierno y, en el Estado, donde, efectivamente, pudieran correr el riesgo de ser perseguidos por actos, realmente vinculados con sus funciones y atribuciones, porque podrían obstaculizarles el cumplimiento de su deber. Al respecto, consideramos que es excesiva la cantidad de cargos públicos que actualmente disfrutan del derecho de antejuicio en Guatemala. Se trata, nada más y nada menos, que, de unos 1,700 cargos, lo que nos convierte en uno de los países que mayores privilegios de inmunidad ofrece a sus funcionarios, estimulando el aumento de la impunidad en que se desenvuelven.
Lo descrito ha sido denunciado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El Comisionado Iván Velásquez, ha realizado reuniones para socializar el proyecto de Reformas Constitucionales, por lo que, consideró, que en febrero 2017 podrían estar aprobadas las reformas por el Congreso de la República, sin embargo, ya nos encontramos en el mes de mayo y los diputados aún no han cumplido con la promesa, de dicha aprobación.
