Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, declaró que a su juicio existe una masiva desinformación respecto al tema de las reformas constitucionales para el sector justicia, lo que se traduce en un debate sin sustento porque se discuten temas que ni siquiera están sobre la mesa. Creo que esa desinformación no es casualidad y que es resultado de una estrategia bien definida que apuntaría, finalmente, a que en dado caso se llegaran a aprobar algunas de las modificaciones a la Carta Magna, cuando llegue el momento de la consulta popular para ratificar los cambios, prevalezca entre la ciudadanía tal nivel de confusión que la gente no sepa finalmente qué está aprobando o improbando.
Puede verse que en el tema de las reformas constitucionales ha funcionado una estrategia bien elaborada para abortar el proyecto. Primero se identificó como elemento polarizador el tema del derecho indígena y alrededor del mismo se formó un debate intenso. No había que ser genio en el estudio social para entender que en una sociedad como la nuestra, con la existencia de un fuerte racismo que negamos a pesar de su evidente existencia, ese elemento sería suficiente para contener el proceso, como efectivamente ocurrió.
En medio de la distracción ciudadana, exacerbada con falsedades como aquella de que las autoridades ancestrales habían macheteado a un procesado justamente el día antes de que iniciara el debate formal de las reformas, los diputados se encargaron de sepultar de una buena vez el tema del antejuicio que había sido planteado para ponerle fin a la forma en que ese privilegio de los funcionarios se ha convertido en parapeto de impunidad.
Posiblemente uno de los actos de mayor madurez cívica que se haya visto en la historia del país lo protagonizaron precisamente esas autoridades ancestrales de los pueblos indígenas al pedir que se retirara del debate el tema de la administración de justicia con base en la costumbre de nuestro pueblo originario. Lo hicieron para privilegiar el tema de las modificaciones en cuanto a la forma de integrar nuestras Cortes, sabiendo que allí es donde está la mayor parte del problema de la impunidad dada la forma en que fueron cooptadas las comisiones de postulación que surgieron como una idea para evitar, precisamente, las interferencias malsanas a la hora de escoger a los juristas para esos cargos, sin que nos diéramos cuenta de que se iba a prostituir la academia.
Por cierto que tenemos que admitir y entender que aún la solución del Consejo de la Carrera Judicial puede correr la misma suerte si nos atenemos, porque el interés por controlar el sistema de justicia es enorme, sobre todo cuando ya hay algunas evidencias que por el lado de la investigación y la persecución penal ya se rompió el muro de la impunidad.
Pero el caso es que estamos frente a un esfuerzo debidamente estructurado y planificado que persigue, a como dé lugar, que fracase el esfuerzo por las reformas, sea porque se puedan frenar en el Congreso o porque lo hagan después, gracias a la desinformación, cuando llegue la consulta popular.
