Isabel Pinillos – Puente Norte
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Si algo ha marcado la actual administración de Estados Unidos en relación a la migración irregular, ha sido el mensaje: “no vengan, no son bienvenidos”. A los cien días de la administración de Trump, expertos en el tema de inmigración se han reunido para evaluar si sus promesas de campaña han funcionado realmente, o si se han quedado en la retórica. Para ello, el Instituto de Política Migratoria (MPI) –un tanque de pensamiento con sede en Washington- realizó un conversatorio para evaluar este crucial tema que pudo haberle ganado las elecciones al actual presidente. (http://www.migrationpolicy.org/events/first-100-days-immigration-policy-trump-administration)
En dicho panel participaron Muzaffar Chishti, director de MPI en la escuela de Derecho de Nueva York, Julie Myers, Secretaria Adjunta de ICE del gobierno de Obama, y Stewart Verdery, ex Secretario de Seguridad Interna.
Aunque los panelistas expresaron que es prematuro hacer conclusiones, coincidieron en que la narrativa endurecida ha logrado hasta ahora el efecto proyectado. Myers indicó que en la práctica, una diferencia sustancial con el gobierno anterior, es que antes, la prioridad de los agentes de ICE era aprehender a aquellos inmigrantes que hubieran cometido un delito federal. Pero hoy, el concepto de “delito federal” se ha ampliado para incluir a quienes han violado leyes migratorias. Bajo la admnistración de Obama, una persona que ingresaba irregularmente, confiaba en que podía estar “a salvo” mientras no cometiera delitos, y existían zonas de protección, como las iglesias o escuelas, en donde las autoridades migratorias no hacían aprehensiones. Hoy esto ha cambiado, ya que se han eliminado las zonas seguras y cualquier ingreso irregular al país es prioridad de deportación.
Se resaltaron varias de las acciones ejecutivas de Trump, como el veto extremo a los ciudadanos de siete países musulmanes, la reducción en la admisión de refugiados, el endurecimiento de políticas en la frontera y en el interior del país. Además se hizo hincapié sobre prácticas nuevas, como la colección de datos y perfiles de las personas sujetas a ser deportadas , y el cruce de información entre las bases de datos de la policía, el FBI, y ICE.
Sin embargo, estas medidas no han tenido pleno efecto, debido a algunos retos pendientes:
1. Las actuales órdenes ejecutivas son costosas y no cuentan con un presupuesto aprobado por el Congreso.
2. Litigios en las Cortes estatales y federales, con alta probabilidad de que lleguen a la Corte Suprema de Justicia.
3. El reto logístico de la contratación y entrenamiento de nuevos agentes adicionales, la construcción física del muro, sin tomar en cuenta los fondos que sean necesarios.
4. Las consecuencias económicas que produzca el endurecimiento de la política migratoria, que ya tiene un impacto negativo al haberse reducido el turismo, el ingreso de estudiantes, cierre de oportunidades y mercados con los países afectados, por decir algunos.
En mi opinión, el hecho de que se hayan reducido las deportaciones en este trimestre, pareciera indicar que la gente simplemente no se está corriendo el riesgo, y en este sentido el mensaje estaría cumpliendo de momento su objetivo. Pero por otra parte, en los siguientes meses debemos observar detenidamente las deportaciones que provengan desde el interior de EE. UU., las cuales afectan a aquellos que ya tienen una vida en las comunidades, y que causarán rupturas familiares y demás. Mientras que existe gran incertidumbre sobre los efectos a largo plazo que generarán las nuevas políticas migratorias bajo Trump, el cambio de narrativa de este gobierno, por sí misma, está plasmando un huella profunda en lo que significa hoy ser un inmigrante en Estados Unidos. (Continuará).
