Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cada día se va cobrando más conciencia de que el problema del país es estructural y que necesita, por ello, cambios profundos para salir de ese marasmo creado por la corrupción y la impunidad. Esta mañana en Prensa Libre hay dos columnas de opinión que me parecen ilustrativas sobre la realidad del país en esa materia, pues se reitera que no se trata de que estemos viviendo los efectos de un fenómeno aislado de podredumbre durante el gobierno de Pérez Molina, que ciertamente se voló la barda en muchos sentidos, pero que al fin de cuentas no fue sino otra escalada en la carrera por el saqueo de los recursos nacionales que, insisto, viene de mucho tiempo atrás.
Hablo de la columna de Karin Slowing que hace una recapitulación de los dos años de lucha contra la corrupción que se instaló a partir del destape de La Línea. Recuerda los movimientos Renuncia Ya, Justicia Ya y Reforma Ya, de los cuales únicamente el primero fue exitoso al lograr la salida tanto de Baldetti como del mismo Pérez Molina. Pero en términos de justicia todavía está todo pendiente y, como dice la columnista, en cuanto a la reforma es donde peor estamos, porque las modificaciones que se intentaron al sistema político con las reformas a la ley electoral no llegaron a cambiar la forma en que se eligen a las autoridades. Con toda la razón del mundo, Slowing señala cómo el actor responsable de ese fracaso es el Congreso, lo cual la lleva a concluir, con mayor razón aún si cabe, que no bastan los procesos del MP contra los diputados ni las acciones del TSE, por lo que “debemos presionar por la depuración masiva e inmediata del Congreso.” ¡No es posible, dice Karin Slowing, que consintamos que el futuro del país siga en manos de esta legislatura carente de legitimidad!
La otra columna es de Alejandro Balsells, quien trae a colación el tema de la reforma al sector justicia y lo que se debe hacer, recordando el aporte que hicieron dos de los mejores juristas que ha tenido Guatemala, Edmundo Vásquez Martínez y Jorge Mario García Laguardia. Alejandro explica con detalle cómo es que la reforma constitucional de la época de Ramiro de León Carpio, con el dulce de la depuración del Congreso, modificó todo el poder judicial para concretar ese diseño perverso que mencionó hace poco el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, al afirmar que el sistema fue diseñado para garantizar la impunidad que ha generalizado la corrupción. Los cambios en la Corte Suprema de Justicia con la presidencia rotativa y el aumento de magistrados, además de la forma de integrar las Salas de Apelaciones mediante Comisiones de Postulación debidamente cooptadas, han causado lo que ahora tenemos y que es un sistema judicial con profundos e insolventables problemas.
Si la plaza y la sociedad hicieron exitoso el “Renuncia Ya”, tienen pendientes los temas de Justicia Ya y Reforma Ya, los cuales no tienen solución mientras se mantenga en manos de este Congreso decidir el futuro del país.
