Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En abril de 2015, durante el último año de gobierno del Partido Patriota, los medios de comunicación dieron a conocer detalles de la investigación llevada a cabo por la CICIG y el Ministerio Público en un caso de corrupción que involucraba a altos funcionarios públicos. El caso es conocido como «La Línea» y despertó la indignación de todos los guatemaltecos, quienes, hastiados de conocer los excesos de los gobernantes, salimos a la calle a protestar y exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina.
Aunque el habernos unido con un objetivo común y haber salido a las calles para exigir la renuncia de los corruptos, sea un hecho digno de recordar, debemos estar conscientes que en el fondo nada ha cambiado. Las reglas del juego siguen siendo las mismas; las leyes no se han modificado; a la fecha ninguno de los funcionarios señalados en los casos más emblemáticos de corrupción ha sido condenado por actos delictivos. Es más, vemos con frecuencia como el Sistema Judicial es manipulado para favorecer a los corruptos y como las Salas de Apelaciones anulan lo resuelto por los jueces de Instancia, como es el caso de Blanca Stallin, por ejemplo; sin mencionar que los imputados hacen uso de múltiples estrategias dilatorias para evitar ser condenados.
La corrupción no es un fenómeno nuevo. Guatemala ha sido la tierra de las oportunidades para los mañosos, quienes por muchos años hicieron de la corrupción una práctica habitual. Los funcionarios del gobierno encabezado por Pérez Molina y Baldetti no son los únicos que aprovecharon su posición para beneficio propio. Todos conocemos familias que se han enriquecido después de que alguno de sus miembros tuvo un puesto en el gobierno, o comerciantes que venden sus productos o prestan sus servicios al Estado a precios sobrevalorados, volviéndose luego millonarios. Porque como sabemos, para todo corrupto hay un corruptor. Si queremos que esto no se repita y que Guatemala cambie, hay aún mucho trabajo por hacer.
Aunque los movimientos sociales pueden ser importantes vehículos para promover cambios, no podemos creer que el haber salido a manifestar y logrado unas cuantas renuncias, sea suficiente para acabar con la corrupción. Esa llama de la indignación que se encendió hace dos años, no debe apagarse ahora. Este es el momento de promover cambios de fondo. Necesitamos que el Congreso apruebe la reforma de la Constitución en relación al Sector Justicia, para lograr que los jueces tengan mayor independencia de los otros poderes y puedan dictar sus resoluciones de manera imparcial. Mientras las instituciones encargadas de impartir justicia estén controladas por las mafias no podemos dormir tranquilos.
También tenemos que exigir una depuración en el Congreso, pues está visto que muchos de los diputados en funciones, son los mismos que han permitido que la corrupción prolifere en nuestro país. Urge una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tan necesaria como el surgimiento de verdaderos partidos políticos que tengan una filosofía y principios democráticos.
Los ciudadanos debemos aprender a exigir mayor rendición de cuentas de los gobernantes. La auditoría social es necesaria para evitar que se dilapiden los recursos que, al ser del Estado, son de todos los guatemaltecos. Si queremos que de verdad nuestro país cambie, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir promoviendo esos cambios, involucrándonos activamente y buscando los espacios para poder incidir.
