Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Han pasado más de dos años desde aquel día en que una conferencia de prensa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala destapó la punta del iceberg de la corrupción denunciando el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, dirigido por las más altas autoridades no sólo de la SAT, sino del país mismo. Baldetti y Pérez Molina guardan prisión por ello y tras el destape han venido a sumarse muchos casos más que demuestran la profundidad de la podredumbre en nuestro sistema político.
De eso hemos hablado todos durante los últimos dos años, sea para congratularnos por los golpes que el Ministerio Público y la CICIG han dado, para quejarnos por la forma en que se han “contenido” otros casos relativos a gobiernos diferentes al del PP o, como hicieron otros, para protestar porque con tanta investigación no sólo se destruye la presunción de inocencia (en un país donde no hay inocentes políticos), sino también por la forma en que esos casos han perjudicado la economía del país afectada por el temor a persecuciones penales derivadas de incurrir en actos que hasta el 16 de abril de 2015 eran absolutamente normales y aceptables.
Pero me parece que no hemos llegado a aterrizar de manera que podamos iniciar la discusión sobre el futuro del país y cómo empezar a construirlo. Durante años hemos vivido atrapados por la coyuntura y no pareciera haber tiempo para reflexiones más profundas que tengan que ver con el debate sobre el sistema y sus consecuencias. Iván Velásquez dijo que ese sistema había sido diseñado para la impunidad y que todo se pensó para que la justicia no funcione. Los “institucionales” no comparten tal criterio y ven exagerada la apreciación porque insisten en que el problema no está en el sistema sino en las personas que llegan a los puestos públicos, como si ese ascenso al poder no estuviera cuidadosamente diseñado en nuestro modelo político que reserva tales posiciones para los que pactan vendiéndole su alma al diablo.
Yo soy de los inconformes por la influencia que ejercen en los entes de investigación aquellos que tuvieron la oportunidad de romper los vicios de la corrupción desde el Ministerio Público en tiempos de Claudia Paz y Paz, pero pactaron para ignorar la corrupción a cambio de que les dieran vía libre en su agenda ideológica. Y estoy inconforme porque eso permite a muchos insistir en que el problema fue el Partido Patriota y no el sistema, ya que nadie más es perseguido por otras corruptelas.
El caso es que con o sin condenas a los corruptos, lo que no podemos permitir como ciudadanos es que el sistema siga intacto, que sus operadores se vuelvan a empoderar para terminar con la esperanza de construir un país distinto en el que ni la impunidad ni la corrupción tengan que ser vicios eternamente aceptados.
Y ese debe ser el debate del país. Cómo hacer para refundar un Estado fallido por corrupto e inútil como resultado de un consenso tácito de las élites. Hablar de las oportunidades que se roba la corrupción y de la pobreza que genera para empezar a soñar con algo distinto que surja de nuestra responsabilidad ciudadana. Un nuevo pacto de Nación se vuelve urgente y hay que empezar a formularlo.
