Ayer, el juez de Instancia Penal, en el Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Carlos Guerra, volvió a generarle una herida profunda a las familias de las víctimas, las jóvenes que murieron tras ser amenazadas, abusadas, encerradas etc., en lo que ha sido uno de los peores crímenes de Estado cometidos en Guatemala.
Resulta que para el gobierno, ha sido incómodo y se han negado aceptar que es un crimen de Estado lo que sucedió en el Hogar Seguro. Realmente, pocas dudas quedan ya ante lo que con evidencia contundente ha sido planteado en el juzgado.
Las menores, sujeto de abusos indescriptibles, han vuelto a sufrir una violación. No es comprensible que tras las declaraciones, evidencias y peritajes presentados, el juez considere que con un arresto domiciliar, se custodia el debido proceso de manera conveniente.
Rumores hay, fuertes, sobre los poderes atrás de este caso que han sido los que administran las actividades denunciadas y que llegan a ser trata, tráfico humano, violaciones y desapariciones. Todas ellas, aparentemente, parte de una red criminal extremadamente delicada que no ha sido desarticulada.
El Caso Hogar Seguro, una vergüenza nacional que demuestra que el Estado no pueda garantizar la vida y menos la de menores, nos debe servir de ejemplo para entender que, como tal, cada institución guatemalteca está en crisis.
Casos como este son los que nos deben hacer reflexionar sobre la tarea que tenemos al frente, que es extremadamente complicada como para solo voltear a ver a otro lado y pretender que nada está sucediendo en el país.
¿Qué sería de Guatemala si las 41 fallecidas fueran de un colegio privado en que se hayan tomado las mismas decisiones, actitudes y abusos que sucedieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? La verdad es que todos sabemos que la sociedad se hubiera paralizado, pero que en este caso por ser familias de escasos recursos, parece «más fácil de llevar» para algunos.
Si queremos tener una verdadera estructura de justica, un Estado de Derecho, es en estos casos, en estos momentos y ante estos personajes que tenemos que demostrar que ya no estamos dispuestos a seguir aguantando para que a los que no tienen nada se les cobre la factura.
A las familias de las 56 víctimas, 41 fallecidas, les queremos decir que estamos indignados por el trato preferencial que se les está dando a aquellos que encerraron, agredieron y violentaron a sus hijas. No es justo. Simplemente, por fallos como este, en algunas comunidades terminan linchando a los sospechosos. Eso NO es justicia.
