Roberto Arias
Cuando ven claridad, las alimañas se esconden y atacan. Como es costumbre en Guatemala, al igual que ocurrió con el expresidente Jacobo Árbenz Guzmán, las fuerzas de cooptación del Estado se unifican y atacan arteramente a quien haya abierto la puerta hacia la luz, con lo cual podría comenzar un inicio real del combate frontal a la corrupción, la que no permite que Guatemala levante la vista para vislumbrar un país donde la decencia impere, como en los tiempos de Árbenz Guzmán, a quien los gringos calumniaron como comunista y el Ejército lo traicionó.
Los entes pensantes de Guatemala, de los cuales hay muchos, se volcaron a apoyar la gestión de la ministra Lucrecia Hernández Mack, quien es hija de la Licenciada en Antropología Myrna Mack, cobardemente asesinada por un agente del gobierno el 11 de septiembre de 1990.
La ministra Hernández Mack, a quien no conozco más que por los medios, difunde ser una profesional que inspira honorabilidad, dignidad y decencia; lo cual permite a los guatemaltecos tener la seguridad y la confianza de que ella realiza bien su trabajo, con la intención de iniciar un proceso para devolver a la ciudadanía los sistemas de salud decentes, ahora tan precarios, que la galopante corrupción ha dejado como secuela a través de los años.
Los poderes fácticos están rabiosos porque alguien honrado ha llegado a uno de los lugares clave que ellos han utilizado para –literalmente– saquear al Estado y asesinar a miles de ciudadanos ancianos, niños, mujeres y personas sin oportunidad… sin esperanza de encontrar un medicamento o atención para sus males, mientras los “Comerciantes de la Salud”, hablan de millones de dólares saqueados infamemente al pueblo de Guatemala.
Es difícil decir cuántos millones pagaron -como es costumbre en Guatemala- a los diputados que conforman la Comisión de Salud del Congreso atendida por exmiembros de los partidos Lider y Patriota, Luis Hernández Azmitia, Karla Martínez, Estuardo Galdámez, etc. de quienes son conocidas acciones vergonzosas.
Pero la combinación de sectores es fuerte, esta situación de torpes solicitudes de interpelaciones se derivan de una denuncia interpuesta hace dos años en la cual los congresistas ahora sirven de intermediarios a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG), la mafia enquistada allí, sangrando también al pueblo de Guatemala, torciendo la moral del fundamento del sindicalismo universal.
El Pacto Colectivo con los sindicalistas contiene ilegalidades. Si hay ilegalidades hay insumos delincuenciales que obviamente deben eliminarse de tajo, así brinquen y se revuelquen los sindicalistas.
Adrián Chávez, viceministro de Salud Pública mencionó que “…aquí no hay nada que negociar: ya es un proceso que está en la Corte Suprema de Justicia… es el Sistema Judicial el que debe caminar sobre las pruebas presentadas.”
Los guatemaltecos debemos defender el combate a la corrupción con solidaridad.
Laboratorios, comerciantes de la salud, diputados y sindicalistas pueden ir al carajo. La ciudadanía es primero.
