Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República y los tratados sobre derechos humanos, está plasmado como algo importantísimo el derecho a la vida.
Este derecho no es solo el de la concepción, ni el derecho a nacer, es también un derecho a vivir como ser humano y esto implica el derecho a una nutrición que permita el desarrollo intelectual y físico para que la persona pueda realizarse y desarrollarse durante toda su existencia.
Cuando el costo de vida es tan elevado y la mayoría de los guatemaltecos no puede pagarlo, se está vulnerando y atentando contra el derecho a la vida.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó cuál era el costo de la canasta básica alimenticia a partir del mes de enero y febrero del año 2017 y, si este se contrasta con el salario mínimo que aprobó el gobierno de la República en enero, se evidencia que se está vulnerando el derecho a la vida de la gran mayoría de los guatemaltecos.
Decir que deben de ser ambos padres los que trabajen y obtengan un salario mínimo para que sumados puedan mantener a sus hijos y a ellos mismos es como mínimo una grosería contra la cual el Procurador de los Derechos Humanos no ha hecho nada durante su gestión, él más que nadie tiene la obligación de velar porque se respete el derecho a la vida, tiene la obligación de investigar si no hay lucro excesivo en la producción y cobro de la canasta básica alimenticia, en todos y cada uno de los 23 productos que integran la misma.
De igual forma se debe aplicar en el precio de los medicamentos porque, adicionalmente a poder alimentarse, a la población debe de garantizársele una salud preventiva y una salud curativa.
El Procurador de los Derechos Humanos y su personal tienen la obligación de comparar los precios de los alimentos y los medicamentos con la oferta de mercado en México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; tener referencias y ofertas adecuadas y que no se esté violando principios fundamentales que amparan a la mayoría de los guatemaltecos.
También la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, donde se encuentran representados todos los partidos políticos, tiene la responsabilidad de requerir informes mensuales al Procurador de Derechos Humanos y a la totalidad de las personas que integran dicha procuraduría, por lo menos mensuales, de lo que es su gestión poniendo especial énfasis en el derecho a la vida, en el derecho a la nutrición, en el derecho a la salud. Hacer esto justifica el haber creado un ombudsman y el invertir parte del presupuesto de ingresos y egresos en su existencia.
Si comparamos la gestión de nuestros procuradores de Derechos Humanos con la que realizan sus homólogos en otros países, por ejemplo Chile, comprobaremos que no se está efectuando el trabajo mínimo, el trabajo adecuado que se ha realizado en otros países como el ya señalado. En Chile se han establecido millonarias sanciones a los productores de alimentos como el pollo por haberse puesto de acuerdo en el precio de venta.
Lo mismo ha acontecido con los medicamentos donde las tres principales cadenas de farmacias fueron sancionadas multimillonariamente por haber vulnerado los derechos humanos de los consumidores al hacer carteles en los precios.
¡Guatemala es primero!
