Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Los guatemaltecos somos un grupo social que se caracteriza andar con rodeos a la hora de tocar un tema controversial o conflictivo. No agarramos al toro por los cuernos, sino que le damos largas al asunto, hasta que este se hace imposible de evadir. Es probable que esta actitud sea un rezago del conflicto violento que nos tocó vivir, en donde hablar sobre la problemática nacional podía ser peligroso, en especial si se criticaba a la clase política del momento o se hacían señalamientos al gobierno.
Por eso puede sorprendernos la forma tan clara y directa como el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, se refiere a los problemas del país. Sin pelos en la lengua, en relación a las redes político-económicas ilícitas, el comisionado ha dicho que: “su propósito ha sido siempre capturar al Estado,… para aprovecharlo en su beneficio. Esto significa poner a su servicio el Estado en su conjunto. Cooptar los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todas las instituciones públicas. No solo para derivar directo provecho económico, sino para lograr que, por su ineficiencia, por su complacencia o por su ineficacia, se pudieran desarrollar sin obstáculos, los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, y su necesaria y fortalecida estructura de lavado de dinero.”
Existen suficientes estudios que demuestran que los Estados en donde la corrupción es sistemática, se convierten en verdaderas Cleptocracias; es decir que el poder público está dominado por los ladrones. En estos ambientes los partidos políticos se organizan con el fin de acceder al poder para que los funcionarios puedan aprovechar su posición y obtener ganancias ilegales. Además, proliferan distintos grupos delincuenciales que se aprovechan de la debilidad institucional para actuar con total impunidad.
Lo anterior no implica que todos los funcionarios sean corruptos, ni que todos favorezcan las actividades ilícitas; pues se ha visto que existen en la administración pública quienes están dispuestos a cumplir con su labor debidamente, pero estos son esfuerzos aislados. Por eso es necesario reconocer que hay un problema muy grave, que como sociedad debemos enfrentar abiertamente.
Mientras no exista una voluntad política de que las cosas cambien de forma permanente y se asuma por la ciudadanía un compromiso claro con la legalidad, los funcionarios y ciudadanos que luchan abierta y decididamente contra la corrupción enfrentan un gran riesgo. Ponen sus vidas en peligro, ya que cualquier acusación, denuncia o acción contra la corrupción significa una amenaza al statu quo que es apoyado, como lo ha señalado el comisionado por las redes político – económicas ilícitas y el crimen organizado.
Un ejemplo de esta situación es el caso de la magistrada Blanca Stalling, a quien se le acusa de tráfico de influencias, por haber presionado a un juez para dictar una resolución a favor de su hijo, quien está detenido por otro caso relacionado con actos de corrupción. El juez Carlos Ruano, cumpliendo con su deber denunció las presiones, se inició un proceso penal contra Stalling y esta fue enviada a prisión preventiva, por un juez de instancia. Pero unas semanas después la sala de apelaciones la deja libre bajo fianza, a pesar que existe peligro de fuga. Esto es a todas luces una burla al sistema judicial; pone en una situación de vulnerabilidad a los jueces y demuestra que mientras existan intereses por proteger la corrupción y la impunidad no podremos transformar nuestro país.
