Jorge Santos
Ha transcurrido más de un año de la instalación del «nuevo gobierno» y las esperanzas de cambio y transformaciones se han derrumbado ante el develamiento de las reales intenciones e intereses del sector gobernante. La agenda delineada de la transformación posmovilización social en 2015, quedó relegada. Sociológicamente el actual gobierno no es más que la expresión política del sector oligárquico guatemalteco, en clara alianza con interés del sector militar y es a la luz de esta caracterización que hay que analizar la naturaleza y objetivos de sus políticas y la forma en que estas se expresan en la realidad nacional.
Continuidad de actos de corrupción, malversación de fondos, actuaciones que difieren a todas luces del momento histórico, político, económico y social que vive el país, pretensiones de retorno a imponer un modelo del ejercicio del poder bajo los esquemas represivos y autoritarios de las dictaduras militares, profundización de la agenda neoliberal a partir del ensanchamiento de los privilegios fiscales injustificados y ceder el territorio al capital transnacional para el saqueo de los recursos naturales, ha sido la tónica de más de un año de FCN-Nación en el Organismo Ejecutivo.
Por su parte y tal como ha sido anunciado en diversos medios de información, tanto el Organismo Legislativo como Judicial, están al igual que el Ejecutivo en crisis. Según Prensa Libre 1 de cada 6 diputados están enfrentados a procesos legales producto de replicar el modelo clientelar y corrupto. Así mismo, 3 de 13 magistrados de la CSJ están en prisión y por lo tanto la legitimidad de los tres poderes del Estado cuestionados en su legitimidad y validez para conducir los destinos del país.
A estos hechos hay que agregar la inoperancia o la toma de control de la institucionalidad para generar procesos delictivos que van desde el robo del erario público o el beneficio de estructuras del crimen organizado, como en los hechos que culminaron con la quema de más de 40 niñas del hogar de “protección” o bien la pretensión de interpelar en el Congreso de la República a una de las pocas funcionarias capaces y honestas de este Gobierno.
Es de esa cuenta que organizaciones como Waqib’ Kej afirman que con el Estado-nación actual, la oligarquía y su instrumento de represión –el Ejército– han tratado en vano de imponer un proyecto de sociedad homogénea, han formulado leyes, creado instituciones y aplicado políticas que reproducen su exclusión e impiden su representación como pueblos en los organismos del Estado, el ejercicio de sus derechos colectivos a la libre determinación, al autogobierno, al territorio, al desarrollo pleno de sus sistemas jurídicos, de salud y productivos, a vivir plenamente su identidad y cosmovisión, etc. Más allá, confirma que el Estado no garantiza el bien común.
Estos hechos evidencian con claridad el rumbo que se pretende imponer, estamos ante un proceso que desea realizar ciertos cambios, para no cambiar nada y refundar la continuidad del proyecto oligárquico en un escenario globalizado, bajo una modalidad autoritaria y represiva. De ahí que se hace necesario repensar el Estado guatemalteco y conducir nuestros esfuerzos hacia la construcción de otro, porque en resumen este fracasó en su misión y de continuar es como ir directo al abismo.
