Oscar Clemente Marroquín
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La polarización existente ahora en Estados Unidos entre demócratas y republicanos es tremenda, luego de la agria campaña presidencial última y de sus resultados, pero sobre todo porque el tono de la Presidencia de Donald Trump ha sido de confrontación y ataque no solo al partido de oposición sino que, rompiendo una larga tradición institucional, al expresidente Barack Obama, a quien ha acusado sin fundamento de haberle intervenido sus comunicaciones durante la campaña.
Y esa situación hizo que muchos en Guatemala pensaran que las políticas de Estados Unidos hacia nuestro país tendrían un viraje profundo y de allí la romería que se armó hacia Washington para aprovechar los espacios y convencer a los republicanos en el Congreso y en el Gobierno Federal, de un cambio de rumbo radical que reste la importancia que ha tenido hasta ahora el tema del combate a la corrupción y la impunidad. Hasta se ha acusado al embajador Robinson de postergar la agenda de Trump para mantener la agenda de Obama, con lo que ilusamente pretenden serrucharle la silla.
Pero ayer se produjo una resolución en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que envía un mensaje clarísimo. Por unanimidad, con el voto a favor de todos los republicanos y demócratas que conforman esa comisión, confirmaron que el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, El Salvador y Honduras constituye una prioridad para Estados Unidos y concretamente urgieron al gobierno de nuestro país a cooperar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, luego de que el presidente Jimmy Morales declarara de manera displicente que él puede sacar al Comisionado Iván Velásquez si estima que no está cumpliendo con sus funciones.
Que en tiempos de la polarización existente en Estados Unidos se pueda producir una resolución bipartidista de ese calibre es un clarísimo mensaje de que la política de ese país en esos temas específicos no sufre cambios. Y no es simplemente porque les caigan bien la CICIG y los tres fiscales generales que están hoy en Washington. Es un tema directamente relacionado con los intereses mismos de los norteamericanos que han entendido que mientras los recursos públicos en nuestros países se sigan dilapidando como ha ocurrido hasta ahora con la gigantesca corrupción, no podrán ofrecerse mejores condiciones de vida a los más pobres de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes seguirán viendo en la migración su única esperanza, aún y en contra de la política anti inmigrante del gobierno federal.
Se puede tomar la resolución bipartidista como una intromisión en asuntos de estos países y como una afrenta a nuestra cacareada, pero inexistente soberanía, esa misma que fue pisoteada en 1954 con el beneplácito y aplauso de los que ahora se muestran indignados. Pero lo absolutamente cierto es que el tema de la corrupción no será postergado en la agenda de nuestras relaciones internacionales y solo falta esperar que, en respuesta, la CICIG apriete el paso y extienda sus acciones contra algo más que la gente del PP porque los pícaros llevan décadas sangrando al país.
