Francisco Cáceres Barrios
caceresfra@gmail.com
Para que una persona o entidad merezca el calificativo de digno es obligadamente necesario que su comportamiento sea responsable, serio y sobre todo respetuoso hacia sí mismo y los demás. Al apreciar lo contrario, surgen humillaciones y degradaciones, como las pérdidas de respeto que a través del tiempo ha sufrido el Congreso, debido a la errónea decisión de tirar al cesto de la basura los principios democráticos, permitiendo que solo los partidos políticos tuvieran la capacidad legal de proponer por planillas a los candidatos a diputados, quienes a la postre, ni siquiera cumplieron las mínimas características básicas para aspirar a ser dignatarios de la nación.
Así las cosas, ahora tenemos un Congreso, con minúscula. Un Organismo del Estado que no merece el respeto y consideración de la ciudadanía en general y, aquellos que debieran ser nuestros dignos representantes para resolver los asuntos vitales de nuestro Estado republicano, pasaron mayoritariamente a ser delincuentes dedicados a satisfacer sus personales intereses, fueran o no lícitamente adquiridos o bien, ser simples comparsas para obtener u otorgar privilegios para quienes de una u otra manera hoy están pasando la factura de su logro electoral.
Antes de escribir los párrafos precedentes me puse a evaluar los últimos acontecimientos que lograron traerse al suelo el poco prestigio y la dignidad con el que todavía contaban, preguntándome: ¿Alguien podrá confiar en el Congreso o en sus integrantes, cuando hay más de dos docenas procesados por varios delitos y docena y media de exdignatarios en iguales o peores circunstancias? ¿Quién podrá confiar en la legitimidad y veracidad de una o más interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo cuando los interpelantes están disputándose los calificativos de ser más indignos, ignorantes o incapaces que los interpelados? ¿Alguien podría estar conforme con las posibles modificaciones que pudieran hacerle a la actual Constitución?
Cuando alguien dice que vivimos en un Estado fallido o inoperante, muchos lo califican como una exageración, pero ¿se habrán preguntado si puede funcionar eficaz y eficientemente el mismo, cuando está a la vista que no se ha podido garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, asuntos claramente consignados en el Artículo 140 de nuestra Constitución? Y es aquí en donde también cabe hacer otra pregunta fundamental: ¿No ha sido siempre el Congreso el mayor responsable del por qué los otros organismos no han cumplido con sus deberes y responsabilidades, cuando dejaron de lado su obligación de fiscalizar al Ejecutivo o designar, atendiendo los principios de honradez, idoneidad y capacidad, a los magistrados y jueces del Judicial? De ahí, que ahora resulte conveniente abrir a debate el futuro del Congreso. ¿Usted qué opina?
