Factor Méndez Doninelli
Indignado y consternado por el fallecimiento de CONCHA DERAS DÍAZ, de 86 años, notable luchadora social, víctima de una brutal y cobarde golpiza. Solidaridad con la familia González Deras. ¡Justicia y Verdad!
Condolencias a las familias de tres Policías PNC, asesinados esta semana.
Las revueltas en centros de detención de menores de edad de ambos sexos, motivadas por presuntos malos tratos, violaciones sexuales e inadecuada alimentación, sucedidas las últimas dos semanas, han dejado 44 muertos, (40 niñas y 4 monitores,) hechos que evidencian situaciones delicadas que el Estado ha omitido atender.
Por otra parte, los municipios de Coatepeque, Génova, Colomba y Flores Costa Cuca del departamento de Quetzaltenango, registran una mayor recurrencia de hechos violentos en contra de la vida de personas, la violencia es atribuida al cobro de extorsiones y a rivalidades por control de territorio, disputado entre pandillas pertenecientes a las maras Salvatrucha y Barrio 18. En estos municipios durante los últimos meses, han sido asesinados agentes de Policía Nacional Civil PNC, comerciantes, pilotos, ayudantes de transporte público y presuntos pandilleros de ambas maras, sin que existan estrategias de seguridad para controlar y combatir a estos grupos que en muchos casos, actúan a plena luz del día y frente a agentes de PNC, quienes se abstienen de intervenir para evitar enfrentarse a los malhechores.
Residentes sostienen que cuando ocurren ataques armados, las unidades motorizadas de PNC suenan sirenas para advertir a los delincuentes la presencia de policías, entonces los presuntos sicarios huyen de la escena del crimen y se esfuman, lo que impide hacer capturas. En estos lugares, autoridades del Organismo Judicial OJ son protegidas por custodios, los agentes PNC utilizan chalecos blindados y portan armas defensivas. Pero, la impunidad de los pandilleros llega al colmo de atacar a sus rivales en la misma sede de los Juzgados, ante agentes PNC, empleados del OJ y público usuario, eso ocurrió hace pocos meses dentro del Juzgado de Paz de Colomba.
Tal inseguridad mantiene atemorizados y bajo terror a los pobladores de los municipios citados, quienes aseguran que los agentes de PNC, saben quiénes son los responsables de las extorsiones y los ataques, pero no actúan, lo que se interpreta como un estímulo para mantener la impunidad de los pandilleros. Dicen que en Colomba la totalidad de comerciantes, desde pequeños hasta grandes, están “alineados con los extorsionistas”, pagan lo que exigen los pandilleros, para evitar ataques o represalias en contra de su integridad y seguridad personal. Allí, la población vive entre la angustia, la incertidumbre y el miedo a denunciar, asustados por las acciones incontroladas del crimen organizado, sin que los pocos elementos de PNC asignados al municipio, tengan la capacidad funcional, operativa y de reacción inmediata para controlar a los criminales, quienes hasta ahora, literalmente tienen de rodillas a pobladores y autoridades.
Esas condiciones, dificultan la tarea de operadores y administradores de justicia, provocan fallas y retardos en la aplicación de la misma y desde luego, desaniman a la población que busca infructuosamente acceder a una justicia pronta y cumplida, pero sobretodo, que aspira a vivir con seguridad y tranquilidad, sin temores de ninguna naturaleza, condiciones que actualmente son inexistentes.
La incapacidad del Estado para garantizar seguridad ciudadana repercute en el sistema de justicia, que sumada a la creciente pobreza y falta de oportunidades de educación y sano desarrollo de la población, son caldo de cultivo para conductas sociales ilícitas.
