Félix Loarca Guzmán
La masacre de las cuarenta niñas en el Hogar Virgen de la Asunción, no solo conmovió las fibras más íntimas de los guatemaltecos, sino puso al descubierto la purulencia del sistema institucional destinado para la protección de la niñez guatemalteca.
Además, esta lamentable tragedia sacudió al Gobierno de Guatemala, evidenciando una vez más, la supeditación del actual Presidente de la República, Jimmy Morales, al poder extranjero, al buscar ayuda de un cuerpo de policía como el FBI, para realizar las investigaciones respectivas, en vez de apoyar al Ministerio Público, al que por mandato legal le corresponde ejercer estas tareas. .
Por otra parte, el pueblo ya se dio cuenta con asombro, que los diputados pro oficialistas, aprovechando el dolor de los guatemaltecos, tienen una estrategia destinada a aprobar normas para fomentar la impunidad a efecto de favorecer a exfuncionarios acusados de corrupción.
Asimismo, en la sesión de ayer del Congreso, los miembros de la bancada del partido de gobierno intentaron un linchamiento político del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, molestos por la dureza de los pronunciamientos del Magistrado de Conciencia sobre la masacre de las niñas.
Ahora ha salido a luz, que las niñas fueron víctimas de muchos vejámenes y probablemente hasta de violaciones. Nueve de las sobrevivientes trasladadas a otro albergue, están embarazadas, según informó el Procurador. Todas estas revelaciones, son las que al parecer, molestan a los diputados oficialistas.
Sobre el caso del Hogar Virgen de la Asunción, el Doctor Rafael Cuevas Molina, Director de la Revista Electrónica Con Nuestra América, que se edita en Costa Rica, publicó un interesante análisis titulado: Guatemala: la maquinaria del Estado contra la rebelión de las niñas.
El autor dice: “El incendio que las mató, tuvo lugar en el marco de una protesta de las muchachas contra la vida carcelaria llena de abusos a la que eran sometidas: mal alimentadas, castigadas, utilizadas como “mulas” para transportar drogas y usadas como objetos sexuales”.
Agrega que el Procurador ya había recomendado al Estado, el cierre de ese centro, que paradójicamente debía ofrecer un espacio seguro a muchachas y muchachos que se encontraban en riesgo social.
