Juan Fernández
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En cierta forma existen pocas cosas que recuerde con tanta alegría sobre mi niñez como las “idas a nadar al río” Cuilco durante las vacaciones de Semana Santa, agua como cielo, vida silvestre y montañas verdes alrededor. Vienen a mi memoria estos episodios de aquella Guatemala de recursos abundantes, sin contaminación en las aguas y me pregunto: ¿Será que quienes han de venir detrás tendrán el privilegio de disfrutar de este preciado bien público? Todos sabemos la respuesta.
En Guatemala hay tres vertientes hidrográficas: la del Atlántico, del Pacífico y del Golfo de México, es así como recorren el país, ríos como el Motagua, Río Dulce, Naranjo, Usumacinta, Pojóm y Chixoy; encontrándose en el camino con comunidades mayoritariamente pobres o extremadamente pobres quienes luchan cotidianamente para hacer uso del agua, que les es esencial para la reproducción de la vida material y la realización de actividades productivas fundamentalmente para el autoconsumo. A su vez, en estos espacios sociales se desarrollan actividades extractivas que tienen en el agua su principal elemento para el proceso productivo.
Esto como resultado del enfoque tendiente al retiro de la esfera de gestión comunitaria o pública sobre el agua para trasladarla a lo privado, vía su mercantilización, con lo cual han generado una serie de conflictos en las comunidades ante la escasez y deterioro. Al respecto la Comisión Paz y Ecología (2011) sobre la extracción de oro y plata en la Mina Marlin ha expuesto sobre la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos ubicados en las zonas adyacentes, con lo cual las comunidades, sus actividades productivas y demás formas de vida se encuentran en riesgo. A ello se suman recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas a los impactos en la salud y el medio ambiente resultantes de este tipo de actividades. (CIDH, 2016).
Lo central en esta problemática reside en el hecho que el agua es un bien público de consumo colectivo de amplio alcance, dado que su ausencia o insuficiencia puede ser capaz de afectar al conjunto de la sociedad. Esto significa, que al no existir límites en el uso de este bien natural para unos, se afectaría a otros. Es decir, si en las regiones rurales donde se concentra la producción de alimentos no hay agua o es insuficiente como efecto de la deforestación o por la concentración del recurso para procesos extractivos, se perjudicaría a las ciudades por escasez de alimentos y falta de agua para el consumo humano.
¿Pero qué se puede hacer sobre ello? En un sentido para el uso sustentable de este tipo de bienes producidos por los ecosistemas naturales debe existir un líder fuerte cuya hegemonía, vía la política pública permita proveer y garantizar para el conjunto de la sociedad el goce de los recursos esenciales de amplio alcance y que tenga la capacidad de imponer sanciones y límites a aquellos actores que pretendan disfrutar del agua afectando al medio ambiente, a las comunidades rurales, los barrios o colonias urbanas de hoy y mañana.
