Luis Fernández Molina
En cierto sentido sorprendió la petición de las autoridades ancestrales cuando una delegación se apersonó en el Congreso. Desconozco si esta comitiva representaba a todo el movimiento indígena o solo un amplio sector. Ello es parte de lo que he venido comentando respecto a aspectos puramente formales previos a ser plasmados a nivel constitucional.
En todo caso los representantes aparecen en las fotos con mucha dignidad, con trajes protocolarios y don Rigoberto Juárez Mateo con la vara bajo el brazo, como representante de una autoridad legítima, que es reconocida por muchos guatemaltecos.
Varios mensajes positivos se pueden derivar de la referida acción. En primer lugar que las comunidades indígenas son conscientes de las necesidades de depurar el sistema de justicia y son congruentes con ello. Privilegian la urgente necesidad de reformas al sector judicial y electoral sobre el interés específico de sus propias autoridades. En otras palabras, sacrifican esa petición comunal con tal que avancen las referidas modificaciones. Expresan claramente que no quieren que el tema del artículo 203 sea un obstáculo para que no avancen los tan anhelados cambios constitucionales.
Es cierto que el debate sobre la jurisdicción indígena era una tranca colocada en medios de los ejes que no permitía avanzar la carreta y se anticipaba como un motivo para que la población rechazara las reformas al momento de la votación popular. Reconocen estas autoridades que el andamiaje de la corrupción les afecta a ellos también, acaso son de los sectores más afectados. Se pronuncian claramente como parte de Guatemala. Sin un sistema de justicia certero la administración pública nunca va a ser eficaz; los fondos captados por el gobierno jamás alcanzarán. Sin temor al control judicial, las obras y compras públicas se van a acomodar a podridos intereses, las empresas eficientes y honradas van a salir de la competencia y quedarán solamente los corruptos de la foto; los alcaldes van a disponer a mansalva de los escasos recursos municipales; las pandillas politiqueras (mal llamados líderes políticos) van a gestionar y recibir financiamientos de apostadores que después cobrarán con creces sus «inversiones» y quienes no estén en la jugada preferirán no participar en ese mecanismo perverso quedando así el escenario exclusivo para los oportunistas; los nombramientos públicos se harán al garete, a parientes, amigos, activistas, etcétera, más no para quienes por méritos deberían estar en esos puestos de atención a la ciudadanía. Los fondos asignados a muchas instituciones de servicio se van a dilapidar en viajes, viáticos, almuerzos, etc.
Las comunidades ancestrales saben que en ese estercolero solo crecen alimañas y bacterias; allí no surgirán hospitales ni escuelas en sus comunidades, continuarán sin infraestructura ni mercados; seguirán sin empleos dignos; los pocos accesos serán caminos inservibles. Es imperativo el orden en el manejo de la cosa pública.
Muestran dignidad las comunidades al solicitar que retiren el tema de las discusiones parlamentarias. Un tapabocas. Piden con ello que dejen de mangonear con manos sucias e interpretaciones antojadizas los fundamentos de sus conocimientos ancestrales. Que no digan que el linchamiento es justicia indígena, por ejemplo. Cabe señalar que no fueron ellos quienes originalmente solicitaron el debate aunque aceptaron que se incluyera en la propuesta.
Más no termina con ello su reclamo. El artículo 70 de la Constitución ordena que una Ley específica regulará el tema de Comunidades Indígenas. ¡Es un mandato constitucional! ¿Qué pasa señores diputados? Igualmente deben desarrollarse los conceptos vertidos por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia del expediente 1467-2014 y otros fallos similares en que claramente se reconoce la autoridad ancestral.
