Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon / buzonasprodecogt@gmail.com
En Guatemala no hay peor maldición que caer en manos de la administración del Estado en todas sus manifestaciones, por ejemplo, al intentar obtener una licencia de construcción, un instrumento de evaluación ambiental, un documento personal de identificación, pasaporte, papel especial para protocolo, placas de circulación, devolución de crédito fiscal o de un pago indebido; o pretender librarse de una demanda por venganza o una denuncia espuria; pero lo ocurrido en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción el pasado miércoles es una muestra cruda de nuestra realidad “institucional” que cobró la vida de menores de edad, cuya condena fue estar a cargo de una diversidad de actores indolentes, calificándoles por el momento de esa manera mientras no se individualice a los responsables de las supuestas aberraciones previamente denunciadas y del fatídico final.
Desde hace más de dos siglos se inició en el mundo con la protección “especial” a menores de edad con declaraciones de derechos, pactos y cartas internacionales, convenciones y leyes, y acá no se ha logrado ni siquiera garantizarles sus derechos humanos esenciales como a la vida (no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas), la educación (para su desarrollo económico, social y cultural), a una alimentación adecuada (no pasar hambre y a no sufrir malnutrición), a la salud (protegidos de las enfermedades), al acceso de agua potable (de calidad), a la identidad (reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos), la libertad (de expresar, opinar, informarse y decidir sobre lo que le interesa), y a la protección (vivir en un contexto seguro); por el contrario, en el caso específico del Hogar relacionado, se les dejó a su suerte en un seguro infierno.
El día de la tragedia comenzaron las excusas y acusaciones entre los encargados señalando falta de acción, hacinamiento, mezcla de los menores institucionalizados y falta de recursos; cuanta carga de conciencia deben de llevar en hombros como “parientes” irresponsables; la PGN mucho más activa por apoyar el caso TCQ que en atender las condiciones de los menores relacionados; la PDH concentrada en promover las reformas constitucionales más que proteger los derechos fundamentales de los mencionados; la CSJ en no privilegiar la integridad y el interés legítimo de los menores; y, la SBS por su pasividad, falta de previsión e inadecuada priorización de sus recursos.
Ahora ¿qué pasará con los menores aún institucionalizados? ¿Cómo acompañaran a las sobrevivientes del suceso? Es momento que las instituciones responsables afinen un plan de rescate y lo prioricen; que organizaciones y fundaciones sociales autorizadas para el efecto se integren y aporten capacidades; los “parientes” asuman con responsabilidad y bajo supervisión estatal su obligación filial; y, la población en general dar el seguimiento y ser propositiva.
El comisionado de la CICIG en una oportunidad expresó que la corrupción no mata, pero que en el caso de Guatemala sí, yo agregaría que en esta ocasión, como en otras, la incapacidad también mata, reflexión expuesta en la columna del 4 de julio de 2016 intitulada la incompetencia “problema endémico de la Administración Pública”.
