Factor Méndez Doninelli
Históricamente, la vigencia plena de un Estado de Derecho depende del pulso entre justicia e impunidad, pero en Guatemala sigue ganando la impunidad por tener raíces en el sistema, el Gobierno, el Estado y en la sociedad. La lucha contra este flagelo social tiene larga data, es una faena de titanes empujada por la sociedad civil. Hasta hace poco, la ciudadanía comenzó a ver luz al final del túnel como resultado de investigaciones y acciones conjuntas entre el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que han logrado éxitos concretos combatiendo la corrupción e impunidad, pero como la impunidad está aferrada en la cultura de políticos, militares, empresarios, funcionarios públicos, operadores y administradores de justicia, diputados, alcaldes, lacayunos y en general las elites, lo que hasta hoy se ha avanzado es apenas un corto trecho, hace falta mucho para erradicar esas malas prácticas y castigar con todo el rigor legal a quienes propician y consienten esas conductas.
Lo he sostenido siempre, en esta lucha es determinante el apoyo y acompañamiento internacional otorgados entre otros, por la Organización de Naciones Unidas (ONU), por países y Gobiernos cooperantes entre los que sobresale el Gobierno estadounidense, cuya presidencia imperial a través de sus enviados especiales, funcionarios de seguridad y justicia de alto nivel (Brownfield y Kerry) durante visitas recientes realizadas al país, ha dejado claro su respaldo para combatir la corrupción e impunidad.
No cabe duda, la contundencia de las investigaciones en contra de redes de corrupción anidadas en altas estructuras del Estado, ha tocado a quienes hasta hace poco tiempo se blindaban cubriéndose con el manto de impunidad.
Sin embargo, pese a los avances conseguidos hasta hoy, persisten denuncias de distintos sectores contra la impunidad existente en esferas del sector público. En el Sistema Penitenciario (SP), se asegura que continúan las denominadas talachas entre privados de libertad recluidos en centros penitenciarios, sin que haya acciones de control por parte de las autoridades respectivas. Lo mismo se asevera del INACIF, afirmando que sus autoridades y técnicos, han falseado informes forenses para favorecer al militar Edgar Justino Ovalle Maldonado, actual diputado del Congreso Nacional representando al partido oficial Frente Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien amparado en la inmunidad que le otorga el cargo, intenta evadir la acción de la justicia que lo señala de graves violaciones a Derechos Humanos durante el Conflicto Armado Interno, Ovalle Maldonado, se desempeñaba como Oficial en la base militar de Cobán, Alta Verapaz, sitio donde han encontrado varias fosas clandestinas con restos de niñas, niños, adolescentes, adultos y ancianos, hombres y mujeres de las comunidades indígenas Q’eqchi’s, víctimas de la represión militar.
Las violencias contra mujeres y las muertes impunes, son otra preocupación social que el Estado no atiende con celeridad. Entre 2013 y 2016, fueron asesinadas mil 161; durante 2016 hubo 7 mil 855 violaciones sexuales a niñas y 56 mil denuncias de violencia contra la mujer. Esta semana, murieron quemadas 37 niñas internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, otra tragedia que no debe quedar impune.
Los sobornos pagados por la transnacional Odebrecht a exfuncionarios guatemaltecos son también foco de impunidad, la marcha campesina convocada por Comité de Desarrollo Campesino CODECA, pidió al MP investigar a 110 diputados que “recibieron 40 mil dólares por el contrato anómalo con ODEBRECHT.”
¿Justicia o impunidad, al final cuál ganará el pulso?
