Raúl Molina
Hemos quedado profundamente consternados por la pérdida de 37 adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La responsabilidad del Estado es ineludible y debe llevar a sanciones radicales a todos los niveles y a la reorientación de sus tareas; también es responsable nuestra sociedad, que, cautiva de una ilusión de democracia que ni se ha concretado ni nos sirve, no se anima a tomar medidas radicales para salir de la crisis económica, social, política y moral en la que estamos. Las vidas de las 37 víctimas no se pueden devolver –como cristianos nos queda la esperanza de que sus vidas futuras compensarán su corta y difícil vida terrenal– pero debemos escuchar la campanada que nos llama a actuar ya, para que esa tragedia y otras semejantes no se vuelvan a repetir. Es tiempo de cambio para un Estado que colapsa, con un Poder Ejecutivo inexistente, un Congreso que hace las cosas al revés de lo que el sentido común manda y un sistema judicial que, sumido en la corrupción y la infiltración de los militares y el crimen organizado, no cumple sus mínimas funciones. Aunque el cambio real solamente puede llegar mediante la transformación del Estado, las y los funcionarios que ocupan puestos deben empezar ya impostergables procesos de cambio.
La indignación nacional es muy grande, tanto en el país, con manifestaciones, pronunciamientos y artículos que se lamentan del tipo de Estado que hemos dejado crecer –un verdadero cáncer que debiese ser extirpado– como en el extranjero, con concentraciones enfrente de embajadas y consulados. La ira se dirige particularmente contra quienes debieron haber actuado a tiempo y no lo hicieron. No bastará con el despido de algunos funcionarios menores, si bien es obligado. Hubo indolencia a todos los niveles, incluido el de la presidencia, ya que se habían producido dictámenes de la PDH y el Unicef que advertían de la urgencia de cerrar el Hogar. Es momento de cambiar: la sociedad toda debe movilizarse y cambiar las prioridades. La niñez y la juventud son nuestra riqueza e inversión al futuro y las ignoramos. Padecen desnutrición, falta de educación y salud, y no encuentran oportunidades de ningún tipo. Se les criminaliza por el hecho de ser pobres, cuando es el incuestionado sistema económico el que multiplica la pobreza; se les criminaliza por ser “rebeldes con causa” y sobrevivir a su manera o morir a su manera, como ocurrió con las jovencitas encerradas bajo llave por el intento previo de escape; y se acepta la criminalización por los xenófobos estadounidenses que han inventado el delito de “fraude migratorio” contra quienes arriesgando sus vidas se trasladan al Norte a trabajar y estudiar. El primer Pacto Social que urge es con la juventud: una tregua en la violencia, tanto la estructural que es ejercida por el Estado, como la respuesta delincuencial de quienes no conocen la esperanza. Y tanto Estado como sociedad debemos colocar a la niñez y la juventud como prioridad nacional. No podemos revertir la pobreza de toda la población marginada, pero debemos atender a las y los niños y jóvenes.Sacudamos el Estado fallido y la paralizada sociedad, aprisionados por la incapacidad y la indiferencia.
