Luis Enrique Pérez
No encuentro algún límite, ni quiero encontrarlo, para repudiar a la Coordinadora de Desarrollo Campesino porque, durante el reciente día en que invadió la ciudad capital con el pretexto de ejercer el derecho de petición y el derecho de manifestación pública, transgredió, hasta el grado de una criminal insaciabilidad, el derecho a la libertad de tránsito. Y en aquel día destruyó, con punible deliberación, la economía de millones de guatemaltecos; y contribuyó a aumentar la incertidumbre del inversionista creador de oportunidades de trabajo.
Una de las peticiones de la infernal, ominosa y repudiable Coordinadora de Desarrollo Campesino fue la renuncia del presidente Jimmy Morales. Por supuesto, cualquier grupo de ciudadanos puede pedir la renuncia del Presidente de la República. Precisamente la Constitución Política otorga el derecho de «petición en materia política».
En el ejercicio de ese derecho, cualquier grupo de ciudadanos hasta puede pedir que el Estado de Guatemala sea una despótica monarquía; o que sea un servil hijastro de la Unión Europea, o un prostituido edecán de la Organización de las Naciones Unidas, o un fidelísimo siervo de Estados Unidos de América, o una plácida letrina de extranjeros que intervienen en asuntos internos de nuestro país.
Ese mismo derecho puede ser ejercido por un grupo de ciudadanos indígenas o no indígenas, campesinos o no campesinos, políticos o no políticos, ideólogos o no ideólogos, cuerdos o dementes, mercenarios o traidores, honrados o ladrones, y trabajadores o capitalistas. O puede ser ejercido por un grupo de ciudadanos dirigido por patrocinadores financieros extranjeros, o por antiguos pero ocultos terroristas, asesinos y secuestradores, que no lograron gobernar mediante la insurgencia armada, porque fueron derrotados, ni han podido gobernar mediante los votos, porque la mayoría del pueblo los ha despreciado.
Un grupo que ejerce el derecho de petición puede tener, aparentemente, una lícita finalidad; pero realmente puede tener la ilícita finalidad de provocar un colapso nacional, y entonces asaltar el poder del Estado. El Estado asaltado podría ser el medio para eliminar un régimen que intenta brindar libertad económica, e imponer un régimen en el cual el gobierno sea el supremo rector coercitivo de la economía; o podría ser el medio para crear una república en la cual los pueblos indígenas constituyan un nuevo Estado, que coexista con un supuestamente detestado Estado ladino.
En suma, el derecho de petición no limita aquello que un grupo de ciudadanos puede pedir, aunque sea absurdo; ni limita el grupo de ciudadanos que puede ejercer ese derecho, aunque sea dirigido por ocultos e impunes criminales; ni limita la finalidad aparente o real que el grupo pueda tener. Empero, en ningún caso el derecho de petición es también derecho a imponer aquello que es objeto de petición.
Sería absurdo que toda petición «en materia política» tuviera que ser satisfecha, solo por ser petición; y tal absurdo sería mayor si grupos de ciudadanos plantearan peticiones opuestas. Es decir, la petición puede no ser satisfecha, con fundamento en la ley misma, por supuesto. El derecho de petición tampoco es derecho a transgredir el derecho libre de tránsito ni, evidentemente, derecho a atacar la actividad económica de la nación.
Es legítimo pedir que renuncie el presidente Jimmy Morales, aunque fuera el más competente presidente que ha habido en la historia de Guatemala; pero no es legítimo imponer esa petición y, como medio para imponerla, invocar el derecho de manifestación pública, transgredir el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, y agredir la economía. Estrictamente, la Coordinadora de Desarrollo Campesino no ha ejercido el derecho de petición «en materia política», ni el derecho de manifestar públicamente, sino que ha atentado contra el régimen jurídico del Estado.
Post scriptum. La Coordinadora de Desarrollo Campesino no contribuye a que haya un régimen de derecho, ni por lo menos un régimen de mera legalidad. Contribuye a que haya una creciente, franca e impune ilegalidad. No creo que el pueblo de Guatemala sea tolerante hasta la estupidez, o resignado hasta la imbecilidad.
