Adolfo Mazariegos
El monto de las remesas enviadas el año pasado (2016) al país, por guatemaltecos que viven y trabajan en Estados Unidos, superó los US$7 mil millones, cifra que representa un aumento de poco más del 12% con respecto al año 2015, y que se constituye en un verdadero record que puede interpretarse desde distintos ángulos y puntos de vista (datos y cifras del Banco de Guatemala. Véase: https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2017.htm&e=132194). Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de que, a pesar de ser ese ingreso de divisas algo que resulta verdaderamente importante hoy día para la economía del país, se ha hecho muy poco (o nada) por aquellos que, en muchos casos, lo han arriesgado todo, incluso la propia vida, para llegar a un lugar en donde puedan ganar el sustento de las familias que dejan en su tierra y a quienes muchas veces, consiguen ver personalmente de nuevo, solo cuando han transcurrido ya tantos años que se van convirtiendo, tristemente, en casi desconocidos (inclusive) para sus mismos seres queridos. Las instituciones del Estado guatemalteco, encargadas del asunto, no solo han demostrado ineficiencia e ineficacia en tratar temas como el de los migrantes chapines en la Unión Americana, sino que además, han puesto de manifiesto reiteradamente la falta de voluntad gubernamental necesaria para (por lo menos) brindar a los guatemaltecos en el extranjero, los servicios mínimos necesarios mediante los cuales se contribuya a hacer más llevadera su vida (valga la expresión) lejos del sitio que les vio nacer. La falta de verdaderas políticas y programas de Estado en favor de los migrantes y de aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que deciden hacer su vida en el extranjero porque, entre otros motivos, no consiguen en su país las oportunidades necesarias para desarrollarse y tener una mejor calidad de vida, han brillado por su ausencia, lo cual es inaudito y lamentable, en virtud de que su esfuerzo representa en la actualidad una considerable parte de los ingresos del presupuesto de este país. Y sobre todo, dada la actual coyuntura político-migratoria cuyos efectos se avizoran adversos para muchos guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Qué sucedería con la economía del país de no contar con esos siete mil millones de dólares que ingresaron como divisas por concepto de remesas familiares el año pasado? ¿Qué sucederá si empiezan a retornar a Guatemala los miles de chapines que pueden ser deportados porque no han conseguido regular su situación migratoria en Estados Unidos? ¿Cómo se ha preparado el Estado guatemalteco para enfrentar eventualidades derivadas de la situación actual en el tema migratorio, más allá de la recepción y las charlas en el aeropuerto a los guatemaltecos deportados o la apertura de uno o dos nuevos consulados? Estas y otras tantas preguntas siguen sin respuesta. El tema es serio, y debe asumirse, por lo tanto, con responsabilidad, con claridad, y con acciones urgentes concretas más allá de lo puramente retórico.
