Luis Enrique Pérez
Recientemente el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fundado por exguerrilleros, emitió una declaración pública denominada así: «Pueblos indígenas, en pleno ejercicio de sus derechos». Aluden a los indígenas que exigen públicamente, «en calles y carreteras», que se reforme la Constitución Política para otorgar función jurisdiccional a las autoridades de las etnias indígenas.
Conjeturo que, ansiosos de atraer la simpatía indígena, y como si intentaran ejercitarse en algún novedoso estilo demagógico, los exguerrilleros denominan «indómitos guerreros» a los pueblos indígenas, y hasta afirman, con alguna pretensión aduladora, que sus derechos fueron arrebatados «hace 493 años cuando cae en combate el héroe Tecún Umán.»
He allí un error, no quizá propio de una esperada ignorancia, sino de una tosca demagogia, porque Tecún Umán habría sido solo héroe de los quichés, pero no héroe de todos los indígenas. Por ejemplo, no héroe de los indígenas que se habían aliado con los conquistadores españoles para combatir a los quichés. Adicionalmente, el pueblo quiché había sometido a servidumbre o a esclavitud a indígenas de otros pueblos. No parece verosímil que Tecún Umán haya sido el héroe de esos indígenas, a los que precisamente los quichés habían despojado de sus derechos. En suma, es absurdo conferir a Tecún Umán la calidad de ser héroe de todos los pueblos indígenas.
Los exguerrilleros afirman que quienes se oponen a otorgar función jurisdiccional a las autoridades de las etnias indígenas persisten en excluir a esas etnias; y con ridícula arrogancia pretenden que la sociedad guatemalteca recuerde que «la exclusión de los pueblos indígenas fue una de las causas del conflicto armado». Si esa exclusión hubiera sido una causa de ese conflicto, entonces millones de indígenas hubieran sido guerrilleros, y hubieran derrotado al Ejército de Guatemala, y holgadamente hubieran asaltado y ejercido el poder público. No hubiera sido necesario un llamado «conflicto armado interno» que durara casi cuatro décadas, sino uno que durara algunos días o algunas semanas, o algunos meses. Empero, no hubo millones de indígenas guerrilleros; y el conjunto numéricamente miserable de guerrilleros indígenas o no indígenas que realmente había, no pudo triunfar, sino que debió admitir una derrota militar, oculta en decorativos convenios llamados «acuerdos de paz».
La sociedad no tendría que recordar una ficticia causa del llamado «conflicto armado interno», es decir, la exclusión de los pueblos indígenas. La sociedad tendría que recordar cuatro extraordinarios sucesos. Primero, la insurgencia armada jamás fue un fenómeno indígena. Segundo, la derrota de los guerrilleros no fue derrota de los pueblos indígenas. Tercero, en los procesos electorales en los cuales ha competido el partido fundado por los exguerrilleros, es decir, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, los indígenas no se han arrojado sobre las urnas, como cuantiosos torrentes, para votar por los candidatos que ese partido ha propuesto, aunque esos candidatos hayan prometido extinguir la exclusión y transformar a los indígenas en la inclusión misma. Y cuarto, en las cuatro últimas elecciones, el candidato presidencial de ese mismo partido ha obtenido una humillante proporción de votos.
En la declaración del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no hay argumento jurídico alguno para defender una reforma constitucional que otorgue función jurisdiccional a las autoridades de las etnias indígenas. La argumentación es sustituida por la acusación. Por ejemplo, quienes se oponen a esa reforma son acusados de ser «retardatarios», tener «mentalidad colonial», o ser «poderosos» que pretenden imponer la oposición.
Post scriptum. Si el propósito es acusar, entonces hay que acusar a los fundadores de aquel partido, de haber sido guerrilleros terroristas, asesinos, extorsionistas y secuestradores; y de ser, ahora, fracasados políticos que promueven el conflicto social, la crisis política, el caos total y el colapso nacional, para tener la oportunidad de asaltar el poder del Estado, e imponer un ominoso régimen socialista.
