Roberto Arias
“Pero ¡Ojo!, también se nos están metiendo allí otros. Entonces si la policía municipal los saca a garrotazos, es violación de los derechos humanos. Pero si lo hacen ustedes mismos, allí parte sin novedad. Entonces les voy a dar unos sus leños de este tamaño y un chaleco de la Muni, para que los vayan a sacar a morongazos. Me van a ayudar a mí en eso. ¿Estamos? Cuento con eso.” (sic)
El anterior párrafo es parte literal del discurso del alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, grabado por los medios de comunicación escritos, televisados y radiales en la Plaza del Amate en el mes de junio de 2016, en donde claramente está pidiendo a los vendedores de esa plaza que ataquen con violencia a otros vendedores, ofreciéndoles las armas y el disfraz con la autoridad que les darían los chalecos oficiales de la municipalidad capitalina. ¿Y la institucionalidad? Probablemente es la actitud que tomó con el inocente lechero Sas Rompich, Monseñor Gerardi y otros, cuando Guatemala tuvo la desgracia de tener a Arzú como presidente de la República.
Por este cínico discurso, con violenta incitación a la violencia, los capitalinos decentes esperamos que Álvaro Arzú Irigoyen perderá su inmunidad. Da vergüenza que Carlos Sandoval, vocero municipal, haga espuria defensa de oficio de su ignorante y vulgar, pero encorbatado amo, cuando dijo que “…están sacando de contexto las palabras del alcalde…” a lo que él llamó incidente o suceso.
La juez (sin “a”) Silvia Morales Asencio tiene una brasa candente en sus manos y necesitará de mucho valor para recomendar quitar la inmunidad al farsante Arzú, quien apoyado por las fuerzas paralelas y el crimen organizado ha hecho lo que se le da la gana con la ciudadanía, sin que este bendito pueblo complaciente respingue por terror a quienes respaldan al alcalde, el que ha “vendido” lo que se le ha dado la gana, asociado a sus amos verdaderos: La recalcitrante oligarquía de Guatemala y sus achichincles. La sociedad no debería permitir la exacerbación de la violencia. La violencia y la corrupción tienen un altísimo costo para los guatemaltecos. Pero la indignación social parece estar ausente.
Arzú Irigoyen retrasó enormemente el desarrollo de Guatemala al negar la solicitud del Sistema Temporal de Protección (TPS) para los migrantes, lo cual les hubiera dado una posición legal en un momento como el que ahora enfrentan con Donald Trump. Esto sí ocurre con los hondureños y salvadoreños, cuyos gobernantes de la época se preocuparon por ellos y no por potenciar su egolatría y su estupidez, como el farsante y acomplejado alcalde capitalino cuando fue presidente.
La prueba es contundente y Arzú no puede negar ese delito grabado en cámaras de video y audio. No puede ser éticamente sometido “…al descargo de las pruebas”, aunque la mafia incrustada dentro de los legisladores hayan dejado puertas y ventanas abiertas para el escape jurídico de todos los delincuentes con corbata que siguen depredando a Guatemala… y el listado es inmenso.
Felicitación a los magistrados de la Sala de Corte de Apelaciones.
