Rolando Alfaro Arellano

El debilitamiento de la administración de justicia, especialmente, en las últimas décadas, se ha atrasado enormemente, en especial por querer politizar una rama del Derecho eminentemente técnica, y es que a pesar de tener el Organismo Judicial ya varios años de antigüedad, se persiste en querer incluir dentro de su equipo de juzgadores a profesionales recién graduados con menos de cinco años de haber obtenido los grados profesionales respectivos, y con la tremenda irresponsabilidad de carecer de experiencia judicial.

En el sentido anteriormente citado, se pueden mencionar dos grandes etapas, de la siguiente manera: la primera, se caracterizó por improvisaciones emanadas de un reglamento de tribunales de los años treinta y que se caracterizó por trabajar en estabilidad política y continuos golpes de Estado y con el sistema escrito, haciéndose más lentos los trámites judiciales.

La segunda etapa, después de la emisión de una nueva Constitución de la República, se persistió con la misma mala costumbre de incluir por influencias familiares y políticas a pasantes y oficiales sin experiencia jurídica, con la negligencia de hacer recaer las votaciones para elegir a magistrados de Salas y de la Suprema Corte, por medio de elecciones de éstos por parte de los señores legisladores que, es sabido de todos, forman parte de un órgano eminentemente político. Ello, ha originado malestar en el pueblo de Guatemala.

A lo escrito, conviene sumar una falta absoluta de consideración al haber soslayado a profesionales con carrera judicial, pues el órgano citado no ve más allá que sus propios intereses personales. Provocándose un daño moral a aquellos juristas que fueron dramáticamente cesados en su carrera judicial. Situación que a la postre se hizo del conocimiento nacional e internacional por la clase de selección que se practicó, y que es del conocimiento de los diversos medios de comunicación social.

Sin embargo, debe insistirse que los procesos siguen siendo totalmente escritos con etapas muy extendidas, provocándose con todo ello. Incertidumbre y desórdenes de carácter general.

Finalmente, se pretende efectuar por parte de los legisladores una reforma parcial a nuestra Carta Magna que incluye a los tribunales de Justicia, como mis lectores lo sabrán, pero el inconveniente es que no se han tomado en consideración a todos los sectores, Facultades de Derecho, entidades de investigaciones jurídicas, y demás instituciones, lo que es un valladar para poder hacer bien el trabajo legislativo.

Lo últimamente expuesto, nos hace estar de acuerdo con lo manifestado por diversas entidades y juristas de la talla del Doctor Gabriel Orellana Rojas, que han sido plenamente claros al afirmar que se debe aprovechar el momento en que se vive, a efecto que las citadas reformas sean amplias en cuanto a algunos puntos oscuros como por ejemplo el sistema de votaciones y de partidos políticos, so pena de tener que volver a perder el tiempo y legar a las futuras administraciones con el problema de tener que replantear una nueva reforma constitucional.

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