Raúl Molina
La población está harta de la violencia criminal que siega vidas por doquier. Cada día la gente común y corriente se siente más vulnerable y directamente amenazada. El origen del Estado se debió a esa necesaria protección ciudadana frente a los peligros externos y, por ello, afirmo que el nuestro es un Estado fallido. Cuesta discernir qué hacer ante esta situación. Sectores de la población pensaron ingenuamente que sacar al Ejército a las calles traería la ansiada seguridad y, después de un decenio y miles de millones de quetzales desperdiciados, se dan cuenta de que esa no era ni es la solución. Parte de la solución es que el Estado garantice otro tipo de seguridad: vencer la pobreza y el hambre mediante oportunidades de trabajo para la gente desempleada y dar acceso a otros recursos para ganarse, lícita y honradamente, el sustento. Se comprobó en Nueva York en los 80 y 90, cuando la ciudad se hacía cada día más violenta, a pesar de la cantidad y cualidad represiva de las policías. La ola criminal amainó y se revirtió la inseguridad cuando la tasa de desempleo de la ciudad bajó drásticamente, con la inversión privada y pública. No fue la “mano dura” del alcalde Giulani la que logró detener la violencia; fue la creación de puestos de trabajo que cambiaron las oportunidades de desarrollo para cientos de miles de personas. En 1999, como candidato a alcalde capitalino, propuse la construcción del sistema de metro del área metropolitana, que habría generado decenas de miles de empleos en la fase de construcción, promovido cientos de empresas subsidiarias para absorber mano de obra y propiciado comercio y otros servicios en las instalaciones. La operación del metro hubiese abierto miles de oportunidades adicionales de trabajo, aprovechándose mejor billones de horas-persona hoy desperdiciadas en traslados. La inversión pública en obras y servicios, intensivos en mano de obra, debería cambiar la vida delictiva por la oportunidad de realización personal.
Otro factor esencial para enfrentar la violencia es el cambio cultural para revalorizar la vida. Cada vida humana cuenta y no debemos permitir que se atente contra ella. Ni las personas ni el Estado tienen derecho de quitar la vida, razón por la que la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales deben ser erradicadas. Las vidas de las personas marginales son tan importantes como las de las otras personas que mes a mes son asesinadas en sus vidas cotidianas (choferes, periodistas, maestros y mujeres, primordialmente). Al ser importantes todas las vidas, no solamente para sus familias sino que también para la sociedad en su conjunto, la ciudadanía debe pasar a la defensa firme e intensa frente a la violencia de toda vida humana. Debe derrotarse la indiferencia y no debemos correr riesgos para parar el ataque constante a hombres y mujeres de toda edad y condición. Algunos hemos llegado a la conclusión de que el punto de partida es vencer la falta de solidaridad actual. Creemos que el G4 + 1 (Usac, PDH, Iglesia Católica e Iglesia Protestante, sumados a un sabio Maya) debiese convocar a una Marcha por la Vida frente a la Violencia, para el 8 de marzo.
