Jorge Santos
El 27 de enero pasado, en este mismo espacio, escribí la columna de opinión denominada Zarpazos de la impunidad, en la cual explicaba como las élites, que pactaron la impunidad, estaban desarrollando una estrategia que incluía al menos tres elementos para hacer retroceder los avances que en materia del Sistema de Justicia se vienen evidenciando. Uno de esos elementos o tal vez el más visible para la ciudadanía, lo sea el elemento comunicacional, que desde la mitad de esta semana se ha intensificado, con virulencia y con argumentos falsos en contra del Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), doctor Iván Velásquez.
Una serie de argumentos que rallan en la difamación han sido publicados en redes sociales, por actores identificados con la defensa de exmilitares acusados de graves violaciones a derechos humanos, políticos y empresarios corruptos y miembros del crimen organizado y que pretenden dañar la imagen del Comisionado Velásquez. Esta estrategia comunicacional pretende generar por un lado el descrédito de las acciones que desde la CICIG se han impulsado, así como generar una opinión pública favorable, a la ya añeja pretensión de que la Comisión no siga en el país.
Pero para entender de mejor manera los motivos, bajo los cuales, estos actores de la impunidad actúan es necesario hacer una revisión de los casos que la CICIG a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, ha impulsado y que aún se están llevando a cabo en los juzgados guatemaltecos. Iniciar recordando el Caso de La Línea donde están siendo procesados, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes encabezaron la estructura criminal conocida como Partido Patriota, que en su momento era la representación de los intereses de la oligarquía y de sectores militares. O que decir del Caso TCQ en donde se desmantela una amplia red de corrupción y otros ilícitos vinculados con el narcotráfico.
Pero también está el caso denominado Cooptación del Estado en donde se capturaron a varios miembros de una diversidad de sectores poderosos que han hecho de las instituciones públicas el botín para saquear. En este caso, están vinculados empresarios del sistema financiero, en tanto dos presidentes de juntas directivas de grupos financieros fueron capturados en su momento, pero también políticos al nivel de exministros y exmilitares entre otros. O que decir del caso de la orden de captura internacional contra la esposa y representante legal de las empresas de televisión y radio Ángel González y su operador político hoy prófugo Luis Rabbé. O de los dos exministros consentidos por la élite económica de este país y hoy prófugos de la justicia, Erick Archila Dehesa y Alejandro Sinibaldi.
Son estos actores y sus respectivos sectores e intereses los que están detrás de la campaña de la impunidad, contra el Comisionado Velásquez. Este es el momento para que las y los ciudadanos comprometidos con la justicia y la transformación, salgamos a la defensa de Iván Velásquez y de todos aquellos y aquellas que con su labor construyen otra Guatemala posible.
